El Gobierno activa esta semana el nuevo sistema de distribución mientras varias autonomías del PP anuncian recursos judiciales

El Gobierno central pondrá en marcha esta misma semana uno de los planes más delicados y esperados en materia migratoria: el reparto entre comunidades autónomas de los menores extranjeros no acompañados que han llegado en los últimos meses a Canarias, Ceuta y Melilla, territorios que han visto desbordada su capacidad de acogida.

La medida, aprobada en Consejo de Ministros y sustentada en la reciente reforma de la Ley de Extranjería, pretende dar respuesta a una situación de emergencia humanitaria y estructural que ya supera los 3.000 menores en el conjunto del Estado, según estimaciones oficiales.

¿Cómo funciona el reparto?

El nuevo mecanismo establece que cuando una comunidad autónoma triplica su capacidad ordinaria de acogida, el Gobierno puede declarar la situación de contingencia migratoria y ordenar el traslado de menores a otras regiones. El objetivo es que, en un plazo máximo de 15 días desde su llegada, los niños y adolescentes sean derivados a territorios con plazas disponibles.

El sistema se basa en criterios de proporcionalidad poblacional y capacidad técnica, y será el Ministerio de Derechos Sociales el encargado de coordinar los movimientos, en colaboración con las consejerías autonómicas competentes en infancia.

¿Qué comunidades acogerán más menores?

Según los cálculos preliminares del Ejecutivo, las comunidades que recibirán un mayor número de menores en este primer año de aplicación serán:

• Andalucía: 677 menores
• Madrid: 647 menores
• Comunitat Valenciana: 571 menores
• Castilla-La Mancha: 320
• Galicia: 317
• Aragón: 251
• La Rioja: 205
• Castilla y León: 197
• Extremadura: 159
• Cantabria: 156
• Asturias: 144
• Región de Murcia: 133
• Navarra: 118
• Baleares: 49

Cataluña y el País Vasco quedan fuera de esta distribución por haber asumido un importante número de menores en campañas anteriores. Aun así, el Govern catalán ya ha anunciado que acogerá al menos 31 menores, como muestra de corresponsabilidad.

La Comunitat Valenciana: tercera en el ranking

En el caso de la Comunitat Valenciana, el plan prevé la llegada de 571 menores, lo que la sitúa como la tercera autonomía con mayor cupo asignado. El Ministerio transferirá 7,45 millones de euros para sufragar los gastos de acogida durante los primeros tres meses.

Sin embargo, desde el Consell se considera insuficiente. La vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha criticado públicamente el reparto económico:

“Nos envían 571 menores y 7,4 millones de euros, pero el coste real que estimamos supera los 45 millones. El esfuerzo que se nos exige no está equilibrado”.

Un plan de 100 millones de euros

El programa estatal cuenta con una dotación inicial de 100 millones de euros para 2025, destinados a cubrir los traslados, la primera atención y las necesidades básicas de los menores. También contempla compensaciones económicas para aquellas comunidades que ya están sobreocupadas —como Canarias, Madrid, Baleares o Ceuta— con el fin de reforzar sus dispositivos de protección.

Oposición y batalla judicial

La medida no ha llegado sin polémica. Diez comunidades gobernadas por el Partido Popular, además de Castilla-La Mancha, han mostrado su rechazo frontal al sistema y han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

Algunas de estas autonomías alegan falta de información previa, insuficiencia presupuestaria y carencia de recursos humanos especializados. Otras, directamente, cuestionan la legalidad del mecanismo al considerar que invade competencias autonómicas.

Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha recordado que mientras la ley esté en vigor, todas las comunidades están obligadas a cumplirla. “No se trata de un reparto voluntario, sino de una obligación legal”, han insistido fuentes ministeriales.

Una cuestión humanitaria y política

Más allá del pulso institucional, el plan pretende garantizar los derechos básicos de menores que llegan solos a España, muchos de ellos huyendo de conflictos, violencia o pobreza extrema. Organizaciones sociales y ONG de infancia han aplaudido la medida, aunque piden más recursos estructurales y mayor coordinación.

En el plano político, el desbloqueo del sistema no habría sido posible sin el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y Junts per Catalunya, que permitió aprobar la reforma legal en marzo y ratificarla en abril en el Congreso.

Retos por delante

El reparto de menores migrantes plantea retos de integración, convivencia y sostenibilidad económica para todas las comunidades. En la Comunitat Valenciana, donde ya funcionan varios centros de primera acogida y recursos residenciales especializados, las entidades del tercer sector piden una planificación a largo plazo, que no dependa únicamente de los fondos de emergencia.

El Gobierno central confía en que esta primera experiencia marque el inicio de un sistema más justo y solidario entre territorios, y que permita aliviar la presión sobre los puntos calientes de entrada como Canarias, Ceuta y Melilla.