Valencia. Diez meses después de la devastadora DANA que arrasó la Comunitat Valenciana, la situación de miles de familias continúa siendo crítica. Viviendas aún destrozadas, electrodomésticos sin reponer y barrios enteros donde la vida no ha vuelto a la normalidad ponen de manifiesto que las ayudas estatales prometidas siguen sin llegar a la mayoría de los afectados.
Retrasos en los pagos del Gobierno central
Según los últimos datos de Moncloa, 43.592 personas solicitaron las ayudas directas destinadas a paliar daños personales, materiales y pérdidas en viviendas y enseres. Sin embargo, solo 6.102 familias han recibido el pago, lo que equivale al 14 % del total. El 86 % restante, más de 37.000 hogares, continúa esperando.
Las familias que han cobrado estas compensaciones percibieron una media de 16.538 euros, lo que supone un desembolso de alrededor de 100 millones de euros. Aun así, el Gobierno central mantiene pendientes más de 620 millones, lo que alimenta la indignación entre los afectados y las críticas por la falta de agilidad administrativa.
Además, desde hace unas semanas la web oficial del Ejecutivo ha dejado de publicar el número de beneficiarios para mostrar únicamente la cifra global de dinero transferido. Una decisión que, según el Consell, busca “maquillar los retrasos acumulados”.
La Generalitat acelera los pagos
En contraste, la Generalitat Valenciana ofrece un balance mucho más favorable. De las 40.057 solicitudes presentadas, ya se han abonado ayudas a 27.761 familias, es decir, al 69 % de los afectados. En cifras económicas, de los 230 millones presupuestados, más de 166 millones ya han sido distribuidos, lo que equivale al 72 %.
El resultado es evidente: mientras que el Gobierno central solo ha atendido a una de cada siete familias, la Generalitat ha conseguido llegar a dos de cada tres hogares.
Frustración vecinal y pulso político
Esta diferencia genera frustración entre los vecinos, que viven entre la incertidumbre y la desesperanza. Muchas familias continúan desplazadas, otras sobreviven en casas dañadas y en condiciones precarias.
La situación también ha abierto un fuerte pulso político entre administraciones. Desde el Consell critican la falta de previsión del Gobierno central, mientras que los afectados claman soluciones urgentes y un calendario de pagos claro que les permita recuperar la normalidad.
