Valencia, 8 de septiembre de 2025.
La magistrada que instruye la causa penal por la gestión de la DANA ha rechazado la solicitud de la acusación popular, ejercida por Ciudadanos, de requerir a À Punt una supuesta grabación de audio realizada en el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) el 29 de octubre, día de la tragedia en la provincia de Valencia.
La petición de Ciudadanos
El partido pedía comprobar si la cámara de À Punt que se encontraba en el interior del Cecopi pudo captar conversaciones mientras permanecía apagada en imagen, pero activa en sonido. Ciudadanos también solicitaba la triangulación de los teléfonos móviles de los dos investigados, Salomé Pradas (exconsellera de Justicia e Interior) y Emilio Argüeso (ex secretario autonómico de Emergencias), para conocer su ubicación entre las 07:00 del 29 de octubre y las 05:00 del día 30.
Argumentos de la jueza
La instructora rechaza ambas peticiones. Sobre la grabación, sostiene que ya obran en la causa los programas emitidos por la cadena autonómica y que cualquier aportación adicional dependería de la voluntad del medio, amparado por el secreto profesional protegido por la Constitución.
Además, subraya que no se conocen las circunstancias de la supuesta grabación ni si el periodista o el cámara estaban junto al dispositivo, lo que hace que la solicitud sea “inadmisible”.
En cuanto a la triangulación de móviles, la jueza considera que no procede porque los delitos investigados (homicidios y lesiones) son de carácter imprudente. A su juicio, esa medida vulneraría los derechos fundamentales de los investigados, además de que no es posible admitir pruebas obtenidas de forma ilícita.
Próximos pasos en la investigación
El juzgado ha fijado nuevas declaraciones para los días 7, 15, 20, 28 y 29 de octubre. Comparecerán dos técnicas de operación de Emergencias, un operador de comunicaciones, la jefa de servicio de coordinación del 112 y un bombero del Consorcio Provincial de Valencia, que prestarán testimonio sobre la gestión de la catástrofe.
