Hoy mismo se ha conocido una noticia relevante en las investigaciones sobre lo ocurrido el pasado 29 de Octubre en la Consellería de Emergencias y concretamente en el Cecopi, el órgano de dirección de las tareas contra la riuà o barrancà del pasado mes de octubre y en el que finalmente fallecieron 229 personas en la Comunitat Valenciana.
La famosa grabación en mudo de À Punt
Tras la filtración y la emisión de las imágenes «en mudo» grabadas por la televisión autonómica valenciana, imágenes emitidas por RTVE el pasado 10 de septiembre se desató la polémica, porque se emitieron con voz, unas imágenes que se conocía su existencia y la jueza había descartado como prueba anteriormente pero que fueron sustraídas a À Punt y difundidas por RTVE que conocía perfectamente que las imágenes fueron grabadas por À Punt y emitió las mismas saltando toda legalidad conociendo que eran robadas de la televisión autonómica.
En las imágenes se ve a un cámara con un chaleco de Emergencias ajeno a la televisión autonómica de À Punt, hoy hemos conocido que existe una segunda grabación en bruto
La segunda grabación
La Consellería de Emergencias ha admitido en un escrito ante la jueza que ha conocido que la entonces anterior dirección de la Consellería de Emergencias contrató a una productora privada para hacer mudos, con lo que reconoce que existe una segunda grabación de una productora y se ofrece a pedir los brutos y si la jueza estima oportuno ponerla la grabación a su disposición.
Un nuevo varapalo para el entorno de Mazón y que ha sido utilizado oportunamente por la oposición.
El enrarecimiento del caso
El caso está entrando en una dinámica enrarecida y peligrosa, por cuanto llama la atención que los relatos de los distintos actores no cuadran. Cabe recordar que en el Cecopi estaban de manera virtual la Delegada del Gobierno y el presidente de Aemet en la Comunitat Valenciana además del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Tampoco casi 11 meses después se sabe nada de la reunión que la propia Delegada del Gobierno tuvo de mañana con la CH Júcar y de la que se ha tenido conocimiento pero nunca se informó a los alcaldes y era relativa a las circunstancias del Río Magro y del Júcar. También es muy llamativo la propia instrucción, con demasiadas denuncias de que el propio marido realizó a alguno de los testigos las preguntas testificales, algo completamente anómalo de ser cierto, y ya hay numerosas quejas por la instrucción del caso.
Parece que con cada nueva información cuadran menos las horas de los implicados, y los problemas aumentas, así como se desechan testificales que podrían aclarar mucho las cosas.
Un caso muy enrarecido que llega a la tensar y cabrear a los familiares de los 229 víctimas mortales y que exigen justicia casi 11 meses después.
Los problemas que no cesan para los afectados que sufren una lenta agonía
Muchos de los supuestos receptores de ayudas denuncian que no les han llegado 11 meses después, con un Gobierno que sigue dejando fuera a casi 20 poblaciones afectadas directamente en el decreto estatal que difier en más de 20 poblaciones del decreto de la Generalitat Valenciana. Igualmente hay más de 3.000 expedientes por resolver de vehículos desaparecidos que si bien muchos no han podido recibir ayudas por ello, otrso que sí lo han hecho al no acabar el vehículo en un desguace autorizado no se ha podido dar de baja definitiva y por tanto deberán devolver las ayudas.
Mientras tanto más de 1.000 ascensores siguen sin funcionar y se calcula que entre ellos, hay más de 20 garajes con ascensor para vehículos en los que no se han podido si quiera sacar los vehículos que siguen embarrados casi un año después.
Las distintas administraciones parece que siguen haciendo padecer a muchas víctimas, y la que peor ejecución de ayudas tiene es el propio Gobierno que sigue con miles de expedientes en trámite casi 11 meses después, provocando la agonía permanente de los afectados.
