El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado su decisión de ordenar a la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que inicie una investigación exhaustiva sobre las actuaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con el rescate financiero de la aerolínea Air Europa y los presuntos vínculos con los intereses comerciales de su esposa, Begoña Gómez. Esta resolución refuerza la sentencia emitida en junio de 2025, que ya instaba al ministerio, liderado por el ministro Óscar López, a llevar a cabo dicha investigación.
Contexto de la decisión judicial
La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha declarado firme la sentencia tras constatar que no se presentó ningún recurso de casación ante el Tribunal Supremo dentro del plazo legal de 30 días establecido para ello. Esta decisión consolida la obligación de la Oficina de Conflicto de Intereses de proceder con la tramitación de la denuncia presentada por el Partido Popular (PP), que acusa a Sánchez de no haberse abstenido en las deliberaciones del Consejo de Ministros relacionadas con el rescate de Air Europa, una operación aprobada en 2020 por valor de 475 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
El PP argumenta que Sánchez debería haberse inhibido de participar en dichas reuniones debido a los supuestos vínculos entre los intereses económicos de Begoña Gómez y la aerolínea. Según la denuncia, la no abstención del presidente podría haber infringido la Ley de Incompatibilidades, que regula los conflictos de interés de los altos cargos públicos. La formación política sostiene que los negocios de Gómez, relacionados con consultorías y actividades empresariales, podrían estar conectados con empresas beneficiadas indirectamente por el rescate, lo que generaría un conflicto de interés.
Detalles de la resolución del TSJM
El fallo del TSJM subraya que la Oficina de Conflicto de Intereses tiene la obligación de tramitar la denuncia del PP, al que reconoce legitimación activa para presentarla. El tribunal ordena que se lleve a cabo una «actividad de investigación» completa, que incluya la evaluación de las pruebas solicitadas por los denunciantes. El TSJM especifica que, tras la investigación, la Oficina deberá emitir una resolución motivada, que podría derivar en el archivo del caso si no se encuentran irregularidades, o en la adopción de medidas adicionales si se detectan indicios de conflicto de interés.
«Una vez realizada la investigación, se dictará la resolución procedente, que puede ser el archivo de las actuaciones si resulta así, pero en todo caso, ha de adoptar una decisión motivada y pronunciarse sobre las pruebas solicitadas», señala el tribunal en su resolución. Este pronunciamiento busca garantizar la transparencia y el rigor en el proceso, asegurando que cualquier decisión esté fundamentada en un análisis detallado de los hechos.
Reacciones y antecedentes
El caso ha generado un intenso debate político en España. El PP ha insistido en que el rescate de Air Europa, aprobado en un contexto de crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19, pudo haber beneficiado a empresas o entidades relacionadas con Begoña Gómez, lo que pondría en entredicho la imparcialidad de Sánchez en la toma de decisiones. Por su parte, el Gobierno ha defendido la legalidad de las actuaciones del presidente, argumentando que no existe ningún conflicto de interés demostrable y que las decisiones del Consejo de Ministros se tomaron en beneficio del interés general.
El rescate de Air Europa, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), fue una de las operaciones más relevantes del Fondo de Solvencia creado para apoyar a empresas estratégicas afectadas por la pandemia. Sin embargo, las sospechas sobre posibles conflictos de interés han mantenido la operación bajo escrutinio público y judicial.
Implicaciones de la decisión
La ratificación de la sentencia por parte del TSJM representa un nuevo capítulo en la controversia sobre la gestión de conflictos de interés en el seno del Gobierno. La investigación ordenada podría tener implicaciones significativas, tanto políticas como legales, especialmente si se identifican irregularidades en la actuación de Sánchez. Además, el caso pone de manifiesto la importancia de los mecanismos de control y transparencia en la toma de decisiones gubernamentales, especialmente en contextos de crisis económica donde se movilizan grandes cantidades de fondos públicos.
El proceso también podría intensificar la polarización política, ya que el PP ha señalado que continuará exigiendo responsabilidades y transparencia. Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene que la actuación de Sánchez ha sido conforme a la legalidad y que la denuncia carece de fundamento sólido.
Próximos pasos
La Oficina de Conflicto de Intereses deberá ahora iniciar la investigación, recopilando pruebas y evaluando los documentos presentados por el PP. El resultado de esta investigación será crucial para determinar si el caso se archiva o si se derivan responsabilidades administrativas o legales. El proceso será seguido de cerca por la opinión pública y los medios, dado su impacto en la credibilidad del Gobierno y en la percepción de la gestión de los fondos públicos.
En conclusión, la decisión del TSJM refuerza la necesidad de garantizar la transparencia y la integridad en la gestión pública, al tiempo que pone a prueba los mecanismos institucionales diseñados para prevenir y resolver conflictos de interés. El desarrollo de la investigación marcará el rumbo de este caso y su impacto en el panorama político español.
