El robo de más de cuatro millones de euros mediante el “fraude del CEO” continúa sin resolverse; CaixaBank, la cúpula de la EMT y el propio Ayuntamiento quedan bajo presión.
Valencia, 22 de septiembre de 2025.
La investigación judicial del fraude cometido en 2019 contra la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia se ha prorrogado seis meses más por decisión del Juzgado de Instrucción número 18, debido a la complejidad del caso y a las dificultades en la obtención de información internacional. Seis años después, los más de cuatro millones de euros transferidos a cuentas en Hong Kong siguen sin recuperarse ni se ha identificado a los responsables principales.
Una instrucción que se alarga
El juzgado mantiene abierta la causa a través de comisiones rogatorias internacionales dirigidas a países como Kenia e Israel, con el objetivo de rastrear el dinero y a los autores. La única investigada formalmente sigue siendo Celia Zafra, exjefa de Administración de la EMT, que fue engañada para realizar las transferencias y ya ha sido condenada en vía contable.
Mientras tanto, el Ayuntamiento aún no ha reclamado judicialmente a CaixaBank, la entidad que ejecutó las transferencias, por una posible responsabilidad civil.
Contradicciones y responsabilidades
La declaración de empleados de CaixaBank ha tensado aún más la situación. Según su testimonio, tanto la jefa de finanzas, María Rayón, como el gerente, García Alemany, accedieron con sus claves personales a la banca electrónica de la EMT en varias ocasiones durante el mes en que se produjeron las transferencias, lo que pone en duda que no advirtieran los movimientos a China.
Además, un supuesto mensaje de WhatsApp revela que Zafra advirtió a Rayón sobre los pagos a principios de septiembre, recibiendo como respuesta un escueto “ok”. CaixaBank también ha contradicho públicamente las versiones de concejales de Compromís y del alcalde Joan Ribó, al confirmar que la práctica de enviar transferencias con documentación en PDF sí era habitual con administraciones, incluida la EMT, y que lo extraño fue que nunca se presentaran los originales en la oficina.
Escándalos añadidos
La polémica se agrava con la aparición de vínculos empresariales relacionados con el cuñado del alcalde, a través de la firma Abastos Asesores y su relación con MST Asesores, contratada por la EMT. Una conexión que la oposición interpreta como un caso de posible enchufismo familiar.
A ello se suma la contratación, por parte de la EMT, de un abogado catalán vinculado a la defensa de políticos del “procés”, por 23.000 euros, para encargarse de la instrucción judicial, lo que ha generado aún más controversia.
Una herida abierta en la gestión municipal
El caso, que ya supuso un duro golpe para el gobierno local de Compromís en 2019, sigue proyectando sombras sobre la EMT y el consistorio. Las críticas apuntan a la falta de dimisiones o ceses pese a la magnitud del escándalo, lo que ha convertido este fraude en una de las mayores crisis de confianza institucional en Valencia en la última década.
