La tragedia de la DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia, ha llegado al corazón de las instituciones europeas. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido mantener abierta la solicitud presentada por la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29-O y la Associació de Víctimes Dana 29 d’octubre de 2024, lo que obliga a la Comisión Europea a emitir un pronunciamiento oficial sobre el caso.
Una intervención cargada de emoción
Las portavoces de ambas entidades, Rosa Álvarez y Mariló Gradolí, expusieron ante los eurodiputados un relato estremecedor. Entre lágrimas, Álvarez denunció que las muertes eran “evitables”, porque existían previsiones meteorológicas y planes de emergencia que, en su opinión, no se aplicaron. “No fue un fallo natural, sino una negligencia política. Nuestros representantes no estaban donde debían”, subrayó.
Gradolí incidió en la misma idea: “Se dejó a la gente más vulnerable abandonada a su suerte. No fue un error administrativo, fue una negligencia que costó 229 vidas”. Ambas reclamaron “verdad, justicia y reparación”, exigiendo que se depuren responsabilidades con nombres y apellidos.
Además, aportaron testimonios de supervivientes, familias destrozadas, comerciantes y vecinos que vieron desaparecer en minutos todo lo que tenían. “No aceptamos el discurso de la inevitabilidad”, sentenciaron.
Reacciones de los eurodiputados
En el debate participaron los eurodiputados valencianos Sandra Gómez (PSOE), Esteban González Pons (PP) y Vicent Marzà (Compromís), aunque solo Gómez es miembro de la Comisión.
- González Pons reconoció que “el Estado, en su acepción extensa, no estuvo donde debía cuando en Valencia más se le necesitó”, admitiendo carencias en infraestructuras y prevención.
- Sandra Gómez pidió perdón en nombre del Parlamento y acusó al PP de haber bloqueado la comparecencia de las víctimas hasta que, según dijo, “la vergüenza internacional” lo hizo inevitable.
- Vicent Marzà fue más duro, al afirmar que “con 229 muertos hay un president de la Generalitat que se burla de ellos”, reclamando responsabilidades claras al actual Consell.
Otros grupos, como los Patriotas de Juan Carlos Girauta, desviaron el debate hacia las políticas climáticas, acusando a la “obsesión verde” de frenar proyectos hidráulicos en la cuenca del Turia y el barranco del Poyo.
Posibles pasos en Bruselas
La decisión de mantener abierta la petición es solo el primer paso. Ahora, la Comisión Europea deberá emitir un informe para valorar si hubo incumplimientos de la Directiva 2007/60 sobre gestión de riesgos de inundación.
Además, la Comisión de Peticiones puede acordar medidas de seguimiento. Entre ellas, el envío de una misión parlamentaria a la Comunitat Valenciana para investigar sobre el terreno lo ocurrido. Aunque esta opción fue rechazada en el pasado por diferencias políticas, socialistas y Compromís insistirán en reactivarla. De aprobarse, la visita no se realizaría hasta la segunda mitad de 2026, ya que solo se permiten dos misiones por semestre.
El trasfondo político
El asunto ha reavivado la polémica en la política valenciana. Desde las asociaciones se acusa al Consell de Mazón de no haber activado las alertas ni desplegado recursos con la rapidez necesaria. Sin embargo, en su intervención, Rosa Álvarez optó por hablar de “los gobiernos” en plural, evitando señalar directamente al president, aunque deslizó que “él y su ejecutivo hacían caso omiso al grito desesperado”.
Con esta decisión del Parlamento Europeo, el caso de la DANA trasciende las fronteras españolas y se instala en la agenda comunitaria, abriendo un proceso que podría tener consecuencias tanto jurídicas como políticas para las administraciones implicadas.
