El caso judicial que investiga la tragedia de la DANA del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 229 personas en la provincia de Valencia, suma un nuevo capítulo. La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Provincial de Valencia que desestime el recurso de apelación presentado por la acusación popular de Vox y confirme la resolución de la magistrada instructora, que rechazó citar como investigado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.
El papel de la presa de Forata
El foco de la polémica se centra en la gestión de la presa de Forata la tarde de la DANA. Según el escrito del fiscal, fechado el 17 de septiembre, la atención del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) sobre esta infraestructura no era incompatible con el seguimiento del resto de emergencias que se estaban produciendo en la provincia.
El Ministerio Público se apoya en la documentación remitida por la Conselleria de Emergencias y la CHJ, que acredita que a las 11:45 horas del 29 de octubre se activó la alerta hidrológica en el río Magro, pasando al escenario de emergencia. La coordinación, tal y como fija el plan autonómico frente a inundaciones, pasó a estar bajo la Generalitat, que debía adoptar medidas de protección a la población.
De acuerdo con el informe de la Guardia Civil, el desembalse de Forata comenzó entre las 17:00 y las 18:00 horas, coincidiendo con la cota máxima del embalse y el uso de los aliviaderos superiores. En ese mismo intervalo, lluvias torrenciales caían sobre el municipio de Turís, vertiendo agua directamente al río Magro. Por ello, el fiscal concluye que es imposible determinar en qué medida contribuyó cada factor —embalse y precipitaciones— al desbordamiento posterior.
Rechazo a nuevas diligencias
La acusación popular pedía que Polo pasara de testigo a investigado y que también declararan la presidenta de Aemet, María José Rallo, y varios técnicos relacionados con la presa. La jueza rechazó esas peticiones por considerar que se apoyaban en interpretaciones parciales, en bulos ya desmentidos y en teorías sin sustento jurídico.
El fiscal respalda ahora esa decisión y subraya la “innecesariedad” de indagar más sobre por qué el Cecopi priorizó inicialmente la vigilancia de la presa, al no existir incompatibilidad con la supervisión de otras emergencias en paralelo.
Contexto judicial
La resolución llega en un momento de alta tensión política y social en torno a la gestión de la catástrofe. Mientras las asociaciones de víctimas reclaman responsabilidades directas del Consell de Carlos Mazón, las distintas acusaciones populares buscan ampliar el marco de investigados.
Tras la reciente declaración como testigo de Polo, la acusación ejercida por la asociación Valores ha vuelto a solicitar a la jueza que reconsidere su posición e investigue al presidente de la CHJ, alegando “indicios razonables de criminalidad”.
La decisión final sobre si se abre o no esa vía de investigación recaerá en la Audiencia de Valencia, que deberá pronunciarse tras el escrito de la Fiscalía.
