Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, está siendo investigada desde abril de 2024 por el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, en una causa principal por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Estos cargos giran en torno a su actividad profesional en la Universidad Complutense de Madrid (donde dirigió una cátedra extraordinaria y másteres) y su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, incluyendo cartas de recomendación firmadas por Gómez que supuestamente favorecieron contratos públicos.
En una pieza separada abierta en mayo de 2024, Peinado investiga un presunto delito de malversación de caudales públicos relacionado con la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Gómez en La Moncloa desde 2018. El juez sospecha que Álvarez, pagada con fondos públicos, realizó tareas privadas para Gómez (como gestiones para la cátedra de la Complutense), lo que implicaría un desvío de dinero público. También está implicado Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid y antiguo jefe de gabinete en Presidencia, por su rol en el nombramiento de Álvarez. Inicialmente, Peinado no imputó malversación a Gómez y Álvarez, pero en agosto de 2024 lo hizo tras indicaciones de la Audiencia Provincial de Madrid.
El 24 de septiembre de 2025, Peinado resolvió transformar esta pieza separada para que, si hay juicio por malversación, sea juzgada por un jurado popular (ciudadanos, no jueces), conforme a la Ley del Tribunal del Jurado, que incluye este delito entre sus competencias.
El incidente de la «plantada» al juez Peinado
El sábado 27 de septiembre de 2025, a las 18:00 horas, Peinado citó presencialmente a Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Francisco Martín Aguirre a los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) para un trámite formal: comunicarles la imputación concreta por malversación y notificarles la competencia del jurado popular. Este paso es previo a posibles diligencias adicionales.
Sin embargo:
- Begoña Gómez no acudió. Su defensa, liderada por el exministro del Interior Antonio Camacho, alegó que su presencia física no era indispensable, basándose en la Circular 4/1995 de la Fiscalía General del Estado, que permite delegar en abogados para notificaciones procesales simples (sin declaraciones ni diligencias). Camacho asistió en su lugar y reiteró la solicitud de archivo de la pieza, argumentando que no hay indicios de delito: «No hay nombramiento irregular ni pago indebido».
- Tampoco comparecieron Álvarez ni Martín Aguirre, que enviaron a sus letrados.
- En la vistilla, la Fiscalía se alineó con la defensa y pidió archivar la causa por falta de pruebas. Las acusaciones populares (Vox y Hazte Oír) defendieron continuar la investigación y solicitaron nuevas diligencias, incluyendo las declaraciones testificales de Pedro Sánchez y Félix Bolaños (ministro de la Presidencia), quienes ya han comparecido voluntariamente en la causa principal.
La incomparecencia se considera legal y no irregular, según Camacho, pero ha generado polémica. No implica obstrucción a la justicia, ya que no era una declaración indagatoria. Peinado podría notificar por escrito o requerir nueva comparecencia, pero no hay indicios inmediatos de medidas como busca y captura.
Reacciones y posibles escenarios
- Oposición (PP): Miguel Tellado, secretario general del PP, criticó duramente: «Matrimonio a la fuga. Sánchez está sentenciado políticamente». Acusaron al Gobierno de eludir responsabilidades.
- Gobierno y aliados: Fuentes de Moncloa expresaron «estupor» por la decisión de Peinado de aplicar el jurado, viéndola como un «disparate» y «lawfare» (guerra judicial). La líder del PSOE en Madrid, Reyes Maroto, defendió que «no hay Peinado que tape las carencias del PP».
- Manifestación: Un grupo de unas 20 personas de Hazte Oír se concentró frente a los juzgados con pancartas contra la «corrupción» y cantando «cumpleaños feliz» al juez Peinado (quien cumplía 71 años ese día).
Posibles próximos pasos (según expertos jurídicos):
- Peinado podría resolver sobre el archivo solicitado por Fiscalía y defensa en semanas.
- Si archiva, la malversación se une a la causa principal (sin jurado).
- Si continúa, nuevas pruebas (como informes de la UCO sobre correos) podrían llevar a juicio por jurado.
- Las acusaciones buscan dilatar para implicar más al Gobierno; la defensa apuesta por el archivo rápido.
Gómez ya declaró el 10 de septiembre de 2025 en la causa principal, respondiendo solo a su abogado y negando irregularidades: admitió pedir «favores puntuales» a Álvarez, pero no desvíos sistemáticos.
Este episodio intensifica el desgaste político para Sánchez, en un contexto de tensiones judiciales y electorales. La causa sigue abierta, sin fecha para cierre.
