El ingeniero del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia sostiene que la exconsellera de Justicia e Interior y el presidente de la Generalitat tomaban las decisiones en el Cecopi durante la catástrofe.
Valencia. Un técnico forestal del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha declarado ante la jueza que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, que la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y posteriormente el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, fueron quienes “mandaban” durante la emergencia.
El ingeniero, que compareció en calidad de testigo, explicó que Pradas era la persona que dirigía la emergencia en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), y que cuando llegó Mazón al centro, “como mandaba más”, pasó a ser él quien dirigía las actuaciones.
La testifical ante la jueza de Catarroja
El testimonio se produjo ante la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 3 de Catarroja, que instruye la causa penal abierta para determinar las posibles responsabilidades en la gestión de la DANA, una catástrofe que causó 229 víctimas mortales en la Comunitat Valenciana.
El técnico, que admitió no recordar con precisión algunos detalles, relató que estaba presente en el Cecopi la tarde del 29 de octubre, cuando a las 17:45 horas se planteó enviar un mensaje de alerta a la población por la gravedad de la situación.
“Nadie se opuso”, aseguró. Según su versión, el grupo de coordinación se detuvo entre las 18:00 y las 19:00 horas para redactar el mensaje, pero el aviso no se envió hasta cerca de las 20:30 horas, sin que él conozca los motivos del retraso.
Comunicación y retirada de efectivos
El testigo también señaló que la retirada de los bomberos del barranco del Poyo —una de las zonas más afectadas por las inundaciones— fue comunicada por radio, de modo que tanto el Consorcio de Bomberos como el servicio de Emergencias de la Generalitat estaban al tanto de la decisión.
La investigación judicial continúa para determinar si la gestión de la emergencia y la cadena de mando cumplieron los protocolos establecidos y si el retraso en el envío de alertas pudo influir en el elevado número de víctimas.
