Rovira da por desistido el proyecto de la Casa Real de Alzira
En un nuevo capítulo de la pugna administrativa que amenaza con sepultar un ambicioso proyecto cultural, el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, ha afirmado que el Ayuntamiento de Alzira ha «desistido de facto» de convertir las ruinas de la histórica Casa Real en el Centro Cultural Jaume I.
La declaración llega tras meses de silencio por parte del consistorio, que no ha remitido propuestas ni documentación adicional para resolver los obstáculos técnicos detectados en el expediente. Esta renuncia implícita pone en jaque una inversión de más de 2,3 millones de euros y el cumplimiento de plazos ajustados para conmemorar el 750 aniversario de la muerte del rey Jaume I en 2026.
La Casa Real, un emblema del patrimonio alzireño, no es solo un edificio en ruinas: es un testigo vivo de la fundación del Reino de Valencia. Situada en el corazón de la Vila, el casco histórico declarado Bien de Interés Cultural (BIC), esta construcción del siglo XIII albergó al mismísimo Jaume I durante su conquista de la taifa de Xúquer en 1245.
Hoy, las ruinas de la Casa Real yacen expuestas a las inclemencias del tiempo –lluvias y humedad que erosionan sus sillares–, un riesgo que el proyecto buscaba revertir mediante una rehabilitación integral. La iniciativa preveía musealizar los restos arqueológicos, integrarlos en un centro de interpretación dedicado al legado de Jaume I y recuperar un tramo de cien metros de la muralla islámica que protegía la ciudad, todo ello en un espacio polivalente para exposiciones, conferencias y difusión cultural.
El germen del proyecto se remonta a julio de 2023, cuando un gobierno autonómico en funciones autorizó un proyecto básico financiado con fondos del Plan Turístico Nacional Xacobeo 2021-2022, dotado con 2,7 millones de euros para la Comunitat Valenciana. De esa partida, 2,3 millones se destinaron a Alzira: 1,8 millones para la Casa Real y 500.000 euros para la muralla. Estos recursos, procedentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y respaldados por fondos europeos Next Generation EU, exigen la ejecución antes de finales de 2026.
La Generalitat actúa como beneficiaria, pero transfiere los fondos al Ayuntamiento, que debe obtener la autorización de Patrimonio por tratarse de un BIC. Sin embargo, el avance se estancó con la llegada del proyecto de ejecución en noviembre de 2024, que generó alertas técnicas: el nuevo diseño alteraba el básico autorizado, planteando riesgos para el recinto murario y posibles infracciones a la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV).
Desde la Conselleria, Rovira ha sido tajante. «No hemos recibido respuesta alguna a los requerimientos formulados para continuar la tramitación», explicó el conseller en un escrito oficial remitido al consistorio. «Se entiende que ha desistido de continuar con la tramitación, ya que desde el 30 de julio de 2025 –fecha de la última reunión–, no se ha recibido ninguna propuesta de solución entre las que se le ofrecieron».
El informe técnico inicial de 2023 ya advertía de «interrogantes sobre la viabilidad patrimonial», y el arquitecto del proyecto básico denunció en enero de 2025 que la versión de ejecución «altera injustificadamente» el original, contraviniendo premisas autorizadas y atentando contra la LPCV. La Dirección Territorial de Cultura de Valencia insiste en su «máxima predisposición» a colaborar: «En todo momento se ha intentado encontrar una solución que minimizara el impacto patrimonial», ofreciendo reuniones de trabajo para un proyecto «viable y coherente con la conservación del patrimonio histórico valenciano».
Del otro lado de la barrera, el Ayuntamiento de Alzira, gobernado por el PSOE, denuncia un «bloqueo administrativo» que frustra sus esfuerzos. El alcalde, Alfons Domínguez, compareció el pasado lunes en rueda de prensa para acusar a la Conselleria de «poner trabas innecesarias» pese a haber cumplido «escrupulosamente» con todos los requisitos. «Hemos adaptado el proyecto a cada indicación recibida, sin pedir tratos de favor», afirmó Domínguez. «El Ayuntamiento ha aportado informes técnicos favorables, como el del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València (UPV), que concluye que las modificaciones representan una mejora respecto al básico de 2023 y minimizan la afección al patrimonio».
El arquitecto Rubén Bodewig, de Escalar Estudio de Arquitectura, respaldó esta versión: «Hemos trabajado meses incorporando nuevas indicaciones, incluso sobre cuestiones ya autorizadas. Dejamos los restos expuestos es más peligroso que intervenir con garantías». José Luis Alapont, experto de la UPV, avaló el dictamen: «La última versión de julio evalúa favorablemente las tres afecciones patrimoniales clave».
El concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, detalló el periplo: desde noviembre de 2024, varias reuniones con técnicos de Patrimonio, indicaciones verbales de aprobación inminente y, finalmente, un «silencio ensordecedor» tras la última entrega. «Nos dijeron que solo faltaba la firma de la directora general, pero nada», lamentó.
El PP local, en la oposición, apunta en otra dirección: «La demora se debe a que no se ha presentado un proyecto de ejecución que se corresponda con el básico», según un comunicado del partido, que atribuye el problema a «incompetencia municipal».
Las implicaciones de este embrollo son profundas. Perder los 2,3 millones no solo golpearía las arcas de Alzira –que ya ha recibido avances de los fondos–, sino que obligaría a devolverlos al Estado, frustrando una conmemoración clave para el 750 aniversario de Jaume I. «Quien pierde no es el equipo de gobierno actual, sino Alzira, la Comunitat Valenciana y la figura del rey Conqueridor», advirtió Domínguez.
La Conselleria, por su parte, lamenta la parálisis de una iniciativa «de importante valor patrimonial y cultural para la ciudad y toda la región», pero reitera su apertura: «Seguimos dispuestos a colaborar con cualquier administración local que presente un proyecto sólido».
Este pulso refleja tensiones más amplias en la gestión del patrimonio valenciano, donde fondos europeos exigen agilidad y donde gobiernos locales y autonómicos chocan por competencias. En Alzira, la muralla y la Casa Real esperan: ¿revivirán como faro cultural o sucumbirán al olvido burocrático?
El tiempo, con plazos que se agotan en 2026, urge una solución. Rovira ha invitado implícitamente a retomar el diálogo, pero el Ayuntamiento ya ha solicitado una reunión urgente. Mientras, las ruinas de Jaume I resisten, recordándonos que el patrimonio no espera por disputas políticas.
