Entre la ética pública y el uso del poder
Valencia vuelve a ser escenario de dos historias que, aunque aparentemente desconectadas, comparten un hilo común: la forma en que quienes ejercen el poder conciben su relación con las instituciones. En un extremo, la Diputación de Valencia, presidida por Vicent Mompó, busca reabrir una causa penal por presunta falsificación documental contra José María Ángel Batalla, excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la DANA. En el otro, el exalcalde Joan Ribó (Compromís) logra aplazar su declaración como imputado por la construcción irregular de una piscina municipal en suelo protegido de Alboraya, valiéndose —nada menos— de la defensa jurídica del propio Ayuntamiento de Valencia.
Ambos casos, aunque jurídicamente distintos, reflejan con nitidez dos concepciones opuestas del ejercicio público.
La Diputación que se persona: política como deber institucional
El primero de los casos tiene un tono institucional ejemplar. La Diputación de Valencia presidida por Vicente Mompó ha decidido personarse como parte perjudicada en la causa que investiga si José María Ángel Batalla —histórico dirigente socialista— utilizó un título universitario inexistente para acceder en 1987 a un puesto reservado a titulados.
La institución provincial invoca los artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que facultan a las entidades afectadas por un delito a ejercer acciones penales y civiles. Reclama, además, ser informada de todas las actuaciones judiciales. En otras palabras, la Diputación actúa para defender los intereses públicos y garantizar la transparencia en un posible fraude que habría supuesto perjuicio económico y administrativo durante décadas.
Esta decisión contrasta con una inercia política habitual en España: mirar hacia otro lado cuando los casos de presunta corrupción afectan a “los nuestros”. Aquí, el movimiento de Mompó trasciende el partidismo y reivindica el principio de rendición de cuentas, que debería ser inherente a toda administración.
El Ayuntamiento defiende al imputado Joan Ribó Canut: política como patrimonio personal
Muy distinta es la lectura del segundo caso. El exalcalde Joan Ribó ha conseguido aplazar su declaración como imputado en el Juzgado de Instrucción n.º 19 por la construcción de una piscina de 1,2 millones de euros en suelo rústico protegido. El problema no es solo urbanístico: Ribó ha remitido su defensa al juzgado con membrete oficial del Ayuntamiento, y será el abogado municipal quien lo represente.
La cuestión es más que simbólica. El Ayuntamiento de Valencia —que no es parte en la causa— pasa a defender al exalcalde investigado, en lugar de velar por el interés general del municipio. El hecho de que la acusación popular haya advertido un “posible conflicto de intereses” no es un tecnicismo: el principio de imparcialidad administrativa (artículo 103 de la Constitución y Ley 39/2015) podría quedar vulnerado si los servicios públicos se emplean para fines privados.
En el fondo, la pregunta es sencilla: ¿puede una institución pública actuar como escudo jurídico de quien la dirigió, cuando lo que se investiga es un posible delito cometido desde esa misma institución? Si la respuesta es sí, el mensaje político es devastador: el poder se confunde con propiedad.
Cada vez son mas los votantes del PP que no entienden la política continuista de María Jose Catalá , parece que siga gobernando Joan Ribo y su equipo , suciedad en las calles , mas carriles bici , atascos en la ciudad a todas horas , aumento de la delincuencia , trabas al turismo en la ciudad , el pequeño comercio asfixiado , transporte publico muy deficiente , y además pone los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento a disposición de Ribo , parece que sean del mismo partido político , nada cambia.
