Un año después de la DANA, el Gobierno sigue sin rendir cuentas por su gestión de la tragedia
Un año después de la devastadora DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 víctimas mortales y arrasó varios municipios de la provincia de Valencia, la gestión de la catástrofe sigue rodeada de sombras. La falta de coordinación institucional, los retrasos en la reconstrucción y la ausencia de autocrítica por parte del Gobierno central alimentan el malestar entre los afectados y las autoridades locales.
Mientras la causa judicial abierta en el juzgado de Catarroja apunta a la Generalitat Valenciana como responsable de los errores operativos en la gestión de la emergencia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha asumido ninguna responsabilidad política. La negativa a activar una emergencia de interés nacional y el bloqueo de la comisión mixta con la Generalitat son, para muchos, símbolos de una gestión fallida y distante.
Descoordinación en las horas críticas
Las investigaciones revelan que durante las horas más graves de la inundación nadie vigilaba los barrancos del área metropolitana. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), pese a disponer de datos en tiempo real sobre los caudales, no advirtió del aumento súbito del nivel de agua en la rambla del Poyo. Para entonces, los municipios de Paiporta y Catarroja ya estaban bajo el agua.
El presidente de la CHJ, Miguel Polo, reconoció ante la jueza haber recibido los datos del desbordamiento, pero no los comunicó al Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI). “No consideré que fuera una situación extraordinaria”, declaró. Esa omisión resultó clave: entre las 16:30 y las 18:30 se triplicó el caudal mientras la alerta no se actualizaba.
La Aemet alertó, pero faltó respuesta
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado el aviso rojo desde la mañana del 29 de octubre, previendo lluvias torrenciales superiores a los 700 litros por metro cuadrado en zonas de la Ribera Alta. Pese a ello, los mecanismos de prevención no se pusieron en marcha con la rapidez necesaria. Los expertos reclaman ahora revisar los protocolos de alerta y dotar de más competencias a la Aemet en materia de emergencias.
Promesas hidráulicas incumplidas
El desastre también reavivó un viejo reproche: los proyectos hidráulicos pendientes para encauzar los barrancos del Poyo, l’Horteta y el Gallego, aprobados hace más de dos décadas y nunca ejecutados. El actual Ministerio para la Transición Ecológica ha reconocido que siguen “en estudio”, pese a que su ejecución podría haber mitigado los efectos de la riada.
Un mando que nunca asumió el control
El Ministerio del Interior no declaró la emergencia de nivel tres —de interés nacional—, que habría transferido la dirección de la crisis al Gobierno central. Esta decisión, según Protección Civil, condicionó toda la gestión posterior y generó un vacío de mando durante las primeras 72 horas, cuando cada administración actuó por su cuenta.
“Tardaron un mes en desplegar los 8.000 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Para entonces, los vecinos ya habían retirado barro con sus propias manos”, recordó Christian Lesaec, portavoz de la Asociación de Damnificados de la Horta Sud, durante su intervención en la comisión del Congreso.
Reconstrucción lenta y burocrática
El plan estatal de reconstrucción, dotado con 1.745 millones de euros, avanza a paso lento. Según el Ministerio de Política Territorial, solo el 23 % del presupuesto ha sido ejecutado por los ayuntamientos, muchos de los cuales carecen de recursos técnicos para tramitar los proyectos. El resto del dinero corre riesgo de tener que devolverse con intereses si no se justifica antes de febrero de 2026.
Mientras tanto, cientos de familias siguen sin vivienda definitiva y los municipios más afectados —como Montroy, Torrent o Albal— denuncian la falta de maquinaria y de apoyo logístico para culminar las obras.
La Generalitat y el Gobierno, enfrentados
La falta de diálogo político entre ambas administraciones ha marcado todo el proceso. El ya expresidente valenciano Carlos Mazón solicitó en varias ocasiones una reunión con Sánchez para coordinar la reconstrucción, sin éxito. La comisionada estatal para la DANA, Zulima Pérez, volvió a descartar una comisión mixta “por considerarla innecesaria”.
Desde la Generalitat, el exvicepresidente para la reconstrucción, Francisco José Gan Pampols, fue tajante en su despedida: “El Gobierno debía haber liderado la coordinación y no lo hizo. Lo omitió deliberadamente”.
Un año después, las heridas siguen abiertas
En los municipios de la Ribera y l’Horta, el aniversario de la DANA se vive entre la emoción y la frustración. Calles reconstruidas a medias, ayudas sin resolver y una sensación de abandono generalizado resumen el sentir de los damnificados. La política, una vez más, parece ir varios pasos por detrás del dolor de la gente.
