El próximo 10 de noviembre saldrán a la calle en Barcelona policías nacionales convocados por el SUP (Sindicato Unificado de Policia) y Guardias Civiles, en este caso sus familiares, convocados por la Asociación Unificada de Guardias Civiles.
La concentración se realizará ala puerta de los Juzgados de Barcelona donde justamente están citados a declarar 45 agentes por sus actuaciones el pasado 1 de Octubre de 2017, denunciados por «cumplir las órdenes de sus mandos y restablecer el orden constitucional en Cataluña».
«SUP y AUGC muestran su total rechazo a ser humillados ante el acuerdo alcanzado entre PSOE y los independentistas de ERC para la investidura de Pedro Sánchez»
Aseguran que no sólo les citan a declarar como investigados por actuar el 1 de octubre de 2017por «dar cumplimiento a las órdenes gubernamentales dirigidas a restablecer el orden constitucional» y acusan a Sánchez de querer blanquear al independentismo y de querer humillar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Aseguran ambos colectivos que con el acuerdo de investidura tratan de blanquear al independentismo a la par que humillar a los agentes que velaron por el cumplimiento de la ley, que ahora además están siendo investigados por sus actuaciones de restablecer el orden público.
«Vemos cómo desde el gobierno central tratan de amnistiar a quienes quebrantaron el Estado de Derecho para negociar y blanquear los graves hechos ocurridos aquél día. Tratando ahora de condenar judicialmente y humillar a policías y guardias civiles que actuaron profesionalmente para hacer guardar el estado de derecho».
Acuerdo de cesión de edificios
En la letra pequeña del acuerdo entre PSOE y ERC se ceden los edificios principales que ocupan actualmente la policía nacional con su Jefatura Superior de Policía en Cataluña, como el céntrico de Via Layetana, donde la Generalitat Catalana piensa construir un museo a los represaliados franquistas.
Así, tanto policías nacionales como guardias civiles acusan al gobierno de querer expulsarlos de Cataluña y dejar la seguridad ciudadana en manos de los Mossos y de la Generalitat de Cataluña.
