La Audiencia Provincial de Valencia juzgará a Francis Puig, hermano del expresident Chimo Puig, acusado de falsedad documental, estafa y apropiación indebida por presuntas irregularidades en subvenciones al fomento del valenciano.
El juez abre juicio oral por presuntas irregularidades en las ayudas públicas
El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha ordenado la apertura de juicio oral contra Francis Puig, hermano del expresident socialista Chimo Puig, por presuntas irregularidades en el cobro de subvenciones públicas concedidas por la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Catalunya entre 2015 y 2018.
Según el auto judicial, Francis Puig y otros empresarios están acusados de falsedad documental y mercantil, estafa agravada y apropiación indebida. Los hechos estarían relacionados con las ayudas al fomento del uso del valenciano en medios de comunicación, una línea de subvenciones creada para promover la lengua en el ámbito audiovisual y digital.
Una fianza de más de 147.000 euros
El juez impone a Francis Puig una fianza de 147.589 euros, mientras que al otro acusado, Juan Enrique Adell Bover, se le exige 99.614 euros. Ambos deberán abonar estas cantidades para asegurar las posibles responsabilidades económicas derivadas del proceso judicial.
El magistrado ha señalado como competente para la celebración del juicio a la Audiencia Provincial de Valencia, que será la encargada de dictar sentencia una vez concluida la vista oral.
El auto, fechado este martes, no admite recurso, salvo en lo relativo a la situación personal de los acusados.
Los delitos y el contexto de las subvenciones
Según el escrito de acusación, los investigados habrían justificado subvenciones públicas con facturas falsas o trabajos presentados en castellano, cuando las ayudas exigían expresamente la producción de contenidos en valenciano.
Los hechos se habrían cometido entre 2015 y 2018, coincidiendo con la etapa de Chimo Puig al frente de la Generalitat Valenciana. Sin embargo, el expresident no está investigado ni figura en la causa.
El juez ha descartado incluir el delito de fraude de subvenciones en la calificación, aplicando la legislación vigente antes de la reforma penal de 2019, que establecía el umbral mínimo de 120.000 euros para considerar el fraude como delito. Se aplica así la norma más favorable a los acusados.
Un caso con recorrido político y mediático
El caso Francis Puig ha tenido desde el inicio un importante impacto político en la Comunitat Valenciana, ya que afecta directamente al entorno familiar del expresident Chimo Puig, actual embajador ante la OCDE en París.
Durante la instrucción, la defensa de Francis Puig sostuvo que todas las subvenciones fueron legales, justificadas con la documentación exigida y fiscalizadas por la administración autonómica. Sin embargo, la Fiscalía y la acusación particular sostienen que hubo un uso irregular de los fondos públicos, con facturas duplicadas o proyectos inexistentes.
El proceso continúa en la Audiencia Provincial de Valencia
La Audiencia Provincial de Valencia será la encargada de juzgar los hechos y dictar la sentencia correspondiente. Aunque el proceso judicial no afecta directamente al expresident, el caso podría reavivar el debate político en torno a la gestión de las ayudas públicas y la transparencia institucional durante los años del Gobierno del Botànic.
El juicio oral aún no tiene fecha señalada, pero se espera que comience a principios de 2026, una vez se practiquen las diligencias finales y se formalicen las acusaciones.
