El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha resaltado que “en dos años de Gobierno ya están en proceso de licitación, adjudicación o en fase de construcción más de 4.000 viviendas de protección pública en la Comunitat Valenciana”.
En concreto, 627 corresponden a inmuebles de promoción directa de la Generalitat, más de 3.000 desarrolladas en colaboración público-privada, a los que hay que sumar “otros 1.000 inmuebles que se activarán antes de finalizar el año lo que demuestra que la vivienda es una prioridad y que el Plan VIVE está dando sus resultados”, tal y como ha asegurado Mazón.
El jefe del Consell ha añadido que “estas actuaciones van a beneficiar a más de 15.000 personas que pronto tendrán un hogar y supondrán una inversión de más de 1.000 millones de euros”.
Además, hay que indicar que la modificación del decreto de viviendas de protección pública ha permitido movilizar al sector, que en este año ha solicitado la calificación de 1.200 viviendas promovidas por la iniciativa privada.
Así lo ha trasladado durante la firma del Acuerdo por la Vivienda que han rubricado la Generalitat Valenciana, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, organizaciones empresariales, colegios profesionales, universidades, entidades públicas de suelo, instituciones de economía social y entidades financieras.
El máximo representante del Ejecutivo valenciano ha señalado que este acuerdo “es un compromiso firme y una estrategia compartida para dar un nuevo impulso a la vivienda digna que esperan y merecen miles de familias y jóvenes, además de reforzar nuestra apuesta por una política transversal y social en este ámbito”.
Durante su intervención, el president ha destacado la apuesta por “una gestión moderna y eficiente del parque público de vivienda para ampliar su capacidad, garantizar su sostenibilidad y adaptarlo a las nuevas realidades”.
Así, ha anunciado que antes de finalizar el año “se va a poner en marcha el proceso para la aprobación en 2026 de un nuevo decreto que regule su gestión, mantenimiento y los procedimientos de acceso, lo que potenciará su papel como instrumento clave de nuestra política social”.
En este contexto, Mazón ha apuntado que se va a profundizar en garantizar la seguridad jurídica con “una normativa coherente, predecible y justa, que no actúe como barrera a la inversión y que, al tiempo, sirva para combatir la ocupación ilegal y fomentar el alquiler asequible”.
El jefe del Consell también ha avanzado que se va a continuar en la simplificación “dando estabilidad, facilitando soluciones y agilizando los trámites administrativos”.
Asimismo, ha reiterado la importancia de la cooperación público-privada “como demuestran los resultados” y ha adelantado que se van a activar nuevos mecanismos de colaboración “para ampliar con las máximas garantías la oferta de vivienda de alquiler asequible”.
En esta línea, el máximo representante del Ejecutivo valenciano ha manifestado el compromiso por aumentar el protagonismo de actores clave como las cooperativas y entidades del tercer sector “en el acceso a suelo público y a mecanismos de financiación adecuados”.
Más suelo público para vivienda protegida
Durante su intervención, el president ha apostado por una estrategia integral y una planificación territorial inteligente y sostenible que desarrolle instrumentos normativos innovadores para reactivar los desarrollos urbanos y generar nuevo suelo urbanizable con el objetivo de ampliar el parque de vivienda, especialmente de protección pública a precio asequible.
Al respecto, ha puesto el ejemplo de la Ley 2/2025 de medidas urbanísticas para acometer la reconstrucción tras la DANA, que flexibiliza los parámetros urbanísticos para facilitar la implantación de viviendas. “Una actuación que ha permitido, como primera medida, poner en marcha la licitación de 70 inmuebles de construcción industrializada en los municipios de Albal y Torrent”, ha matizado Mazón.
De este modo, ha hecho referencia a la modernización del sector de la construcción con la incorporación de tecnologías avanzadas, la industrialización de los procesos constructivos y el fortalecimiento de la formación profesional.
El jefe del Consell también ha apostado por seguir profundizando en “las reformas necesarias para reducir la fiscalidad de la vivienda porque bajar impuestos funciona para reactivar una necesidad social, además de seguir reivindicando al Gobierno de España de una tributación justa para este recurso”.
En este marco, ha reiterado el objetivo de “seguir trabajando en instrumentos que incentiven la promoción y rehabilitación de viviendas y ‘garanticen el acceso a una unidad habitacional especialmente para la población joven”.
El president ha marcado como un eje de este acuerdo el reconocimiento con la vivienda protegida con la creación del distintivo VIVE “para todas las empresas públicas y privadas que apuesten por este tipo de inmuebles en la Comunitat Valenciana”.
Una política integral y social
El president ha especificado que este pacto “es una responsabilidad colectiva para dar un nuevo impulso a la legislatura de la vivienda en la Comunitat Valenciana” con acciones en materias normativas, fiscales, modernización del sector y seguridad jurídica, entre otras.
El jefe del Consell ha señalado que con este acuerdo se refuerza el objetivo del Plan VIVE de construir 10.000 viviendas protegidas tanto de promoción pública como privada. Una iniciativa a la que se han adherido 317 municipios y que cuenta actualmente con 206 solares públicos en estudio o en desarrollo.
Para ello, en el marco de este proyecto, se está movilidad suelo público, simplificando trámites y aportando seguridad al sector con un nuevo decreto regulador de la vivienda de protección pública.
De este modo, ha explicado que con este Plan “estamos dando respuesta a un deber que se desatendió durante demasiados años, cumplimos con la necesidad de incentivar y crear un contexto más seguro y dinámico, y afrontamos con determinación uno de los mayores problemas que tiene nuestra sociedad”.
“Una acción -ha indicado Mazón- que está apoyada por otras medidas como ayudas al alquiler, avales a jóvenes para la compra de la primera vivienda del que se han beneficiado 1.400 personas y bonificaciones fiscales como la reducción en un 25% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) que ha permitido que más de 28.500 personas hayan podido ahorrarse 38,3 millones de euros”, al tiempo que ha añadido que “se va a poner en marcha una rebaja lineal y para todos del 10% en el ITP”.
De hecho, en el periodo 2023-2025, el Consell ha movilizado y gestionado más de 220 millones de euros, dirigidos a colectivos más necesitados y vulnerable, atendiendo a más de 44.500 personas y poniendo recursos a disposición de más de 150 ayuntamientos.
Mazón ha aseverado que con estas actuaciones del Consell desarrolladas en dos años “revertimos la situación crítica que nos encontramos en julio de 2023 con una oferta de vivienda asequible que era claramente insuficiente y con ausencia de políticas, recursos e incentivos para promover el parque público”.
