La aún coordinadora autonómica de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, Mamen Peris, representará al partido Ciudadanos como acusación popular ante el Tribunal Supremo en la causa que investiga al exministro José Luis Ábalos, así como a Santos Cerdán y Koldo García, por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación en la adjudicación de contratos públicos durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.
Ciudadanos ha formalizado hoy la solicitud al Tribunal Supremo para personarse como acusación popular en la causa penal que investiga la presunta organización criminal de la que formaría parte los exsecretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y también Koldo García. La representación de Ciudadanos correrá a cargo de Carlos Carrizosa y Mamen Peris, dos figuras de especial relevancia en el partido y destacada carrera en el ámbito del derecho.
El partido, a través de su secretario general, Carlos Pérez-Nievas, recalca que “la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática han sido siempre principios fundamentales para Ciudadanos” y considera que “los hechos que investiga el Supremo son de extrema gravedad porque no afectan solo a responsabilidades personales, sino a la integridad misma del Estado de Derecho y a la confianza de los ciudadanos en las instituciones”.
Según la formación, esta personación responde a “un deber constitucional de contribuir al fortalecimiento democrático y al control del poder”, defendiendo el interés general cuando “la utilización del aparato del Estado para fines espurios pone en peligro la propia esencia de la función pública”.
Pérez-Nievas ha subrayado que “la corrupción institucional, cuando se comete desde lo más alto del poder, requiere una respuesta contundente, tanto política como penal: no es solo que se vulnere la ley, es que se pervierte el funcionamiento de la administración y se traiciona la igualdad ante la ley de todos los españoles”.
«No son meros delitos de carácter personal»
El partido de centro ha indicado que los hechos atribuidos a Ábalos y a su entorno no constituyen simples delitos de carácter personal, sino que revisten un especial alcance institucional: “Hablamos de la presunta creación y mantenimiento de una red para adjudicar contratos públicos a cambio de contraprestaciones económicas, desde lo más alto del poder ejecutivo de la nación y en áreas clave de la contratación pública, las infraestructuras y la logística”, denuncia el secretario general de Ciudadanos, apuntando que «no se habría tratado de meros delitos cometidos por personas con poder, sino de un presunto uso del poder para delinquir».
