Los agricultores vuelven a protestar en la calle por la situación del sector primario ante la apatía de los políticos
Decenas de tractores y cientos de personas protestaron ayer en Valencia, a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana, convocados por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y la Coordinadora Campesina del Pueblo Valenciano (CCPV-COAG), para reclamar medidas urgentes al Gobierno central, tanto al ministro de Agricultura, Luis Planas, como a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y al resto del ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez, sobre asuntos de máxima actualidad y preocupación como son la sequía, las plagas y enfermedades, la superpoblación de fauna salvaje, los robos, los abusos comerciales, la competencia desleal y las exigencias medioambientales.
Tras la llegada de los tractores, que cortaron el tráfico de la avenida frente a la Plaza del Temple, varios representantes de diferentes comarcas y sectores agropecuarios denunciaron la dramática situación que atraviesan. El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, y el secretario general de CCPV-COAG, Luis Fernando García, subrayaron las principales reivindicaciones de ambas organizaciones agrarias, las únicas que a nivel nacional no han firmado el paquete de medidas que propuso Planas por considerarlo “claramente insuficiente, sobre todo para la agricultura mediterránea”. Por último, la protesta concluyó con el lanzamiento de productos valencianos en grave crisis de rentabilidad, tales como cítricos, cebollas, vino, almendras, cereales o arroz.
Entre las pancartas se podían leer los siguientes mensajes de denuncia: “Fauna salvaje protegida y agricultor despreciado”, “Las cebollas se ‘rotovatan’ sin precio. ¿Para qué sirve la Ley de Cadena?”, “La sequía demuestra que el Ministerio de la Intransigencia Ecológica hace aguas”, “Cien vacas sacrificadas a la semana por falta de agua. ¿Dónde está el bienestar animal?” o “Año nuevo, plaga nueva (procedente de países terceros)”.
AVA-ASAJA y CCPV-COAG solicitaron la convocatoria de la mesa de la sequía para poner en marcha ayudas directas a los sectores afectados, así como una nueva política hidrológica que contemple la construcción de infraestructuras para almacenar y distribuir agua, un redimensionamiento de los caudales ecológicos y una apuesta por la reutilización de las aguas depuradas; mejorar los seguros agrarios para cubrir todos los riesgos de clima y fauna salvaje; e implantar un seguro de costes/ingresos agrarios.
Las organizaciones también pidieron al Gobierno impulsar las autorizaciones excepcionales de fitosanitarios que no cuentan con alternativas eficaces en la lucha contra plagas y enfermedades vegetales. En la misma línea, y por destacar algunos ejemplos que preocupan en el campo valenciano, exigieron autorizar la cría y liberación masiva del parasitoide Anagyrus fusciventris para el control biológico del cotonet Pseudococcus longispinus, principal plaga del caqui; autorizar productos fitosanitarios, distintos a la familia de las estrobirulinas, para evitar resistencias en el control de la piricularia del arroz, y autorizar la materia profoxydim, contra las malas hierbas del arroz Echinochloa y Leptochloa, tal como han aprobado los gobiernos de Italia y Portugal.
Las demandas también insistieron en la voluntariedad indefinida del cuaderno digital de explotación; el régimen simplificado de la PAC para pequeños y medianos agricultores; eliminar la obligación de tener un asesor en gestión integrada de plagas en explotaciones menores de 15 hectáreas en regadío y 30 hectáreas en secano; y suprimir la obligatoriedad de realizar fotografías georreferenciadas. Otra petición reiterada fue el cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria con prohibición expresa de venta a pérdidas y la publicación oficial de los costes medios de producción.
Aguado y García asimismo hicieron hincapié al Gobierno en exigir ante la Unión Europea reciprocidad en todos los acuerdos comerciales con terceros países, así como la revisión y estudio de impacto de los acuerdos en vigor, especialmente con Egipto, Turquía, Marruecos y Sudáfrica; paralizar las negociaciones del tratado comercial con Mercosur; defender una cláusula automática de salvaguardia a las importaciones de arroz; y reemplazar la Ley de Restauración de la Naturaleza, que establece más limitaciones a la actividad agraria, por una Ley de Restauración de la Agricultura.
Otras reivindicaciones fueron aprobar una Ley de Emergencia por daños de fauna salvaje; adaptar la Reforma Laboral a las necesidades de las campañas agrarias; aplicar una rebaja significativa del módulo del IRPF agrario; y revisar el Código Penal y aumentar los recursos para mejorar la lucha contra los robos en el sector agrario.
