El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha detectado en la plataforma AirBnB hasta un total de casi 66.000 viviendas turísticas ilegales (sin número de certificación autonómico) en la plataforma, por lo que ha remitido en los últimos meses tres resoluciones diferentes a la plataforma en las que se le informaba que se habían detectado 65.935 anuncios ilegales de viviendas turísticas.
La Plataforma había denegado este hecho y lo ha remitido a los juzgados. Concretamente hay un primer paquete con 5.800 viviendas de uso turístico de 6 comunidades autónomas que carecen de número de licencia para operar, y por tanto serían ilegales.
Las Comunidades Autónomas son Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Cataluña y País Vasco.
Tras esta resolución la plataforma se ha negado a retirarlas de su web y por tanto lo ha remitido al juzgado. Esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón al Ministerio y por tanto en los próximos días los anuncios referenciados en la primera resolución (5.800 anuncios) deberán ser retirados de la plataforma para cumplir con la legalidad.
¿Por qué son considerados pisos turísticos ilegales?
Para el Ministerio de Asuntos Sociales, son 3 las causas por las que se consideran ilegales:
- La ausencia del número de licencia o registro turístico (obligatorio en muchas normativas autonómicas).
- La ocultación de la identidad jurídica del arrendador (impidiendo saber si se trata de un particular o de un profesional).
- El uso de licencias falsas o no verificadas, lo que puede inducir a engaño a los usuarios.
La justificación de la Plataforma de alquiler vacacional AirBnB
La justificación de la Plataforma es que no tiene “capacidad” para saber si los anuncios son de apartamentos turísticos con licencia o no. Pero ello contrasta con la diligencia de la empresa para que los usuarios no sean timados con anuncios falsos, y la laxitud con la que se trata a los apartamentos que no tienen la certificación o el número de registro que otorga cada Comunidad Autónoma.
Acusa la Plataforma al Ministerio de utilizar una metodología “indiscriminada” para estos pisos turísticos, y por tanto que no puede ser aplicada a la realidad, pero tras la decisión judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, podría tener que retirar estos casi 66.000 anuncios.
Esto abre la puerta a que los casi 66.000 anuncios de propiedades que no tienen licencia y operan al margen de la legalidad, y quizá no paguen impuestos y formen parte de la economía sumergida se retiren de este tipo de webs, en una guerra contra los apartamentos turísticos que ya ha saltado a las calles de las poblaciones en España.
Son muchos, cada vez más, los que ven en la proliferación de este tipo de apartamentos turísticos la respuesta a la implacable subida de precios de los alquileres en las poblaciones más turísticas, y es que cabe recordar que en Valencia capital se estima que existen más de 60.000 viviendas o bajos destinados a este fin, aunque las cifras oficiales hablan de menos de 10.000. Lo que da cuenta del negocio en “B” de muchos de ellos.
Ahora la Plataforma deberá proceder a retirar estos anuncios señalados por el Ministerio, aunque cabe recordar que sólo es la primera de las notificaciones, son de momento 5.800, pero se han detectado y señalado casi 66.000 sin la licencia oportuna.
