La Agencia Valenciana Antifraude detecta irregularidades graves en el convenio entre el Ayuntamiento y el administrador ferroviario
Valencia, 29 de julio de 2025.
La Agencia Valenciana Antifraude ha detectado un sobrecoste de más de un millón de euros en el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Albal (Valencia) y Adif para la construcción de la estación de ferrocarril de la localidad. El organismo ha enviado un informe al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del denominado caso Koldo, para que se incorpore a la investigación.
Sobrecoste y posibles irregularidades
El documento señala que el consistorio pagó a Adif una cantidad superior al coste real de las obras y de las expropiaciones, sin que existiera justificación técnica, jurídica o económica. La estación fue construida por la empresa Lantania SL, con un contrato adjudicado cuando José Luis Ábalos era ministro de Fomento y financiado en parte con fondos de la Unión Europea.
La Agencia Antifraude detalla además que en la tramitación del convenio no se cumplieron las determinaciones del PATRICOVA (Plan de Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana). Este incumplimiento resultó especialmente grave porque la estación no pudo inaugurarse en el plazo previsto tras los daños ocasionados por la DANA del 29 de octubre de 2024, el mismo día de la recepción oficial de las obras.
Vicios de nulidad en la tramitación
El informe concluye que se han constatado «conductas, hechos u omisiones» que podrían constituir irregularidades administrativas graves, con vicios de nulidad por haberse prescindido del procedimiento legalmente establecido.
Además, la Agencia señala que no ha podido analizar la adjudicación ni la ejecución del contrato en Adif, ya que esas actuaciones exceden de su competencia, y tampoco ha examinado los modificados del contrato, que añadieron más de 800.000 euros al coste inicial.
Segundo expediente: la fundación Fiadelso
El organismo también ha remitido al juez un segundo expediente sobre la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), vinculada a José Luis Ábalos, en el que se advierte que la entidad incurre en causa de disolución por no haber aprobado sus cuentas entre 2016 y 2020.
El juez Puente ha ordenado continuar investigando el patrimonio de Ábalos y la actividad de Fiadelso, reclamando a la Conselleria de Justicia toda la documentación de la fundación desde su constitución hasta su extinción.
