Marcia y Miguel, una pareja de ancianos que hasta ayer vivían en el barrio de Benimaclet en Valencia fueron desahuciados por un fondo de inversión, los denominados popularmente como «fondos buitres» sin solución habitacional alguna para ellos y considerados población vulnerable.
Ayer un fuerte dispositivo policial acudía a ejecutar el desahucio a Benimaclet, ni las leyes del gobierno ni el ser personas vulnerables han parado este desahucio tras el fondo que compró su casa subirles el alquiler hasta precios impagables por esta pareja de ancianos, personas con gran vulnerabilidad.
El último ejemplo de que los desahucios siguen ejecutándose en Valencia, lo siguieron haciendo durante el mandato de Ribó y lo siguen haciendo durante el de María José Catalá.
Muchos vecinos han acudido a protestar pero han sido noqueados por un más que elevado e incomprensible dispositivo policial que ha tratado a los ancianos como delincuentes, ya querríamos muchas veces que en las redadas contra mafias y delincuencia hubiera tanto policía.
Indignación absoluta es la palabra que se escucha en una Ciudad dodne el problema de la vivienda se ha situado como primer problema de la ciudadanía, con más de 20.000 viviendas dedicadas a alquiler vacacional, con cada vez menos vivienda que sale al mercado del alquiler y donde los fondos han comprado muchas de ellas y están haciendo negocio a costa de los valencianos.
Una capital y un área metropolitana que se están poniendo intocables para vivir y donde ya se ven parejas que comparten piso o jubilados que hacen lo mismo, la necesidad está cambiando los hábitos sociales, pero, ¿a qué precio?.
las autoridades son incapaces, unos y otros de vincular una solución efectiva y como siempre los políticos, esa casta diferente al Pueblo, se tiran las culpas unos a otros en vez de sentarse a trabajar por las personas.
La Federación Vecinal advierte de que los dos ancianos se quedan en la calle
La Federació d’Associacions Veïnals de Valéncia (FAAVV) se ha posicionado respecto al desahucio ejecutado este martes en el barrio de Benimaclet denunciando que los poderes públicos permitan constantemente situaciones como ésta en la que un fondo buitre deja a un matrimonio de 62 y 72 años sin un lugar donde vivir y sin ofrecer ninguna alternativa.
«Éste no es un caso aislado. La vivienda es un derecho, no una mercancía. No son admisibles este tipo de situaciones que permiten a empresas dedicadas a especular echar a la calle a familias vulnerables»
Ha dicho María José Broseta, presidenta de la Federación vecinal.
El caso de Marcia y Miguel: vulnerables a los que ninguna administración ha protegido
La historia de Marcia y Miguel es la de un matrimonio de 62 y 67 años que compró un piso hace 17 años en plena burbuja inmobiliaria. En 2017 el banco les subió la hipoteca hasta los 1.100 euros. Marcia se quedó en el paro y Miguel tuvo que dejar su trabajo a causa de un ictus. En ese momento el banco se quedó con el piso y con el dinero pagado durante años a cambio de un alquiler. Después el banco vendió la deuda de Marcia y Miguel a un fondo buitre para acabar llevando el proceso hasta este desahucio, sin atender a las alternativas propuestas ni tampoco a sus obligaciones legales como grandes tenedores, y con el consentimiento de los poderes públicos.
Al desahucio han acudido muchos activistas de movimientos sociales, por la vivienda, de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH) y de las asociaciones vecinales, como la AVV de Benimaclet. A pesar de ello, con la presencia de siete unidades de furgonetas de antidisturbios, no se ha podido evitar que este matrimonio acabe en la calle pese a que la ley obliga a los grandes tenedores a ofrecer una alternativa habitacional si se trata de familias vulnerables.
Responsabilidades políticas
La Federación vecinal ha señalado las responsabilidades de los políticos y gobernantes, que permiten que sean los especuladores quienes deciden lo que ocurre con las viviendas, a pesar de ser un derecho que teóricamente protege la Constitución, y echan a la calle a las familias al margen de la legislación.
Una prueba más de ello es que el Gobierno de la Generalitat vaya a derogar la ley que permite ampliar el parque público de la vivienda interviniendo en la compra de inmuebles (decreto de tanteo y retracto), o que el Ayuntamiento esté renunciado a la adquisición de viviendas para el parque público.
Desde la Federación vecinal se denuncia también que las Administraciones públicas no hayan ofrecido ninguna alternativa, más allá de la posibilidad de dormir la primera noche en un albergue sin poder llevar allí sus cosas, o con la opción de llevarlos a una residencia de la tercera edad. «No es admisible que éstas sean las supuestas alternativas que se están ofreciendo cuando la Generalitat, por ejemplo, puede exigir la cesión temporal y obligatoria a los grandes tenedores de acuerdo a la propia ley», ha recodado María José Broseta. «Es una cuestión de voluntad política, de querer o no echar a la gente a la calle y que las casas se queden vacías en manos de especuladores, para que cada día sean más ricos a costa de eliminar derechos constitucionales a la ciudadanía», ha concluido.
