El juzgado considera que la supuesta falsificación de un título académico en 1983 está prescrita y extingue la responsabilidad penal de José María Ángel.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha decretado el sobreseimiento libre de la causa abierta contra José María Ángel, excomisionado del Gobierno central para la DANA de Valencia, por un presunto delito de falsedad documental.
El procedimiento se originó tras una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, que acusaba a Ángel de haber falsificado un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía en el año 1983 para acceder a un puesto en la administración pública.
El magistrado entiende que los hechos, de haber ocurrido, han prescrito hace décadas, lo que extingue cualquier posible responsabilidad penal.
Un delito considerado “instantáneo”
En su auto, el juez recuerda que la falsedad documental “es un delito que se consuma de forma instantánea, aunque tenga efectos permanentes”, tal como establecen diversas resoluciones del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales de Sevilla y Valencia.
El instructor precisa que, conforme al artículo 131 del Código Penal, los plazos de prescripción serían de 10 años (si se aplica el artículo 390) o de 5 años (si se aplica el artículo 392), por lo que, en cualquier caso, los hechos “estarían notoriamente prescritos”.
“Los hechos denunciados habrían prescrito cuanto menos hace 30 años”, recoge textualmente el auto judicial.
El juzgado cita además un precedente de la Audiencia Provincial de Valencia de noviembre de 2019, que estableció que este tipo de delito “no es permanente”, aunque sus efectos puedan prolongarse en el tiempo.
Dimisión y antecedentes del caso
José María Ángel presentó su dimisión como comisionado del Gobierno para la DANA tras conocerse la denuncia. Pocos días después, fue ingresado en un centro sanitario tras un intento de suicidio, según confirmaron fuentes cercanas al caso.
El auto judicial, notificado este miércoles, puede ser recurrido en reforma y/o en apelación.
Con esta resolución, el tribunal archiva la causa al no apreciar delito vigente, dando por cerrado uno de los capítulos más controvertidos que habían salpicado al exresponsable de Emergencias durante la gestión posterior a la catástrofe de 2024.
