Argüeso señala tres fallos clave en la gestión de la DANA: retirada de bomberos, actuación de la CHJ y ausencia de Bernabé

Valencia – Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias, compareció el pasado 11 de abril ante el juez en una declaración marcada por el silencio ante las preguntas de las partes acusadoras y la tensión provocada por la presencia de asociaciones de víctimas a las puertas de la Ciudad de la Justicia. Durante su intervención, Argüeso limitó sus respuestas al interrogatorio de su propia defensa y aprovechó para señalar tres errores graves en la gestión de la DANA que azotó la Comunidad Valenciana.

El primero de ellos fue la retirada de los bomberos del cauce del barranco del Poyo, una orden atribuida al director del Consorcio Provincial de Bomberos. El segundo, la falta de información clara y precisa por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), cuya actuación ha estado en el centro del debate desde los días posteriores a la catástrofe. Y el tercero, la actuación a distancia de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien participó de forma remota en el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) durante las horas críticas.

«No dimití por culpabilidad, sino por la descomposición del proyecto»

Durante su testimonio, Argüeso dejó claro que su renuncia al cargo no fue por sentimiento de culpa, sino por la «desintegración del equipo con el que trabajaba» y la pérdida de sentido en continuar un proyecto político «ya roto». Insistió en que desde el mes de agosto se enviaban circulares con planes de inundaciones a los ayuntamientos, aunque reconoció que muchos de ellos aún carecían de un plan de emergencias municipal actualizado.

El exresponsable señaló que los primeros reportes de lluvias le llegaron el 29 de abril y que, tras decretar el nivel 1 de emergencia, se habilitó a los ayuntamientos a convocar sus Cecopal (centros locales de coordinación). Afirmó que la movilización de la Policía Local para controlar los cauces era una responsabilidad municipal, aunque reconoció que la normativa no lo exigía de forma expresa.

Debate por la alerta a través de ES-Alert

Uno de los puntos más discutidos de su declaración fue el retraso en la emisión del mensaje de alerta a la población a través del sistema ES-Alert, una decisión que generó tensiones internas. Según Argüeso, el debate giró en torno al posible efecto contraproducente del aviso: “No queríamos sembrar confusión en una situación ya caótica”. En esa decisión participaron también el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, y la consellera de Justicia.

El mensaje finalmente se envió, redactado y validado por Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, quien interrumpió sus vacaciones para incorporarse, y otro funcionario. El envío se retrasó algunos minutos por la necesaria autorización del Ministerio del Interior.

Argüeso aclaró que la alerta no se refería al desbordamiento del barranco del Poyo, sino a un riesgo mayor vinculado al pantano de Forata, sobre el que existía una advertencia de posible ruptura estructural, algo que, de haberse materializado, podría haber causado un desastre de enormes dimensiones.

Comunicación rota

Otro detalle revelador fue que, pese a haber informado a la alcaldesa afectada, Suárez y Argüeso no mantuvieron comunicación directa en todo el día, un hecho que resalta la falta de coordinación entre los responsables clave del dispositivo.

En su conjunto, la declaración de Argüeso arroja luz sobre las deficiencias operativas y de comunicación que marcaron la gestión de una emergencia que dejó a miles de valencianos afectados y que aún sigue bajo investigación judicial y social.