Han transcurrido diez meses desde que la devastadora Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) arrasara la Comunidad Valenciana, dejando un rastro de destrucción y despertando una oleada de solidaridad sin precedentes en toda España. Entre las numerosas iniciativas de apoyo, la Federación de Municipios de Madrid (FMM) destacó por su rápida respuesta, organizando una campaña de recolección que movilizó a 179 ayuntamientos de la región y logró reunir más de 14.000 palés de suministros esenciales, destinados a aliviar las necesidades de los damnificados. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo colectivo, persisten dudas sobre el destino de una parte significativa de estas donaciones, con cerca de 2.500 palés —aproximadamente el 18% del total— aún sin entregar, según el último balance del Gobierno de España, comunicado en mayo de 2025.
Un esfuerzo solidario sin precedentes
La respuesta de la Comunidad de Madrid tras la tragedia fue inmediata. En tan solo un fin de semana, los municipios madrileños lograron recolectar una cantidad ingente de ayuda humanitaria, llenando dos naves industriales en Alcalá de Henares, otras dos en Torrejón de Ardoz y una nave privada de 15.000 m² en Parla. Cada palé, con un peso aproximado de 1.000 kilos, contenía productos esenciales: cerca de la mitad estaba compuesta por agua potable, mientras que el resto incluía alimentos no perecederos, productos de higiene y limpieza, y artículos para mascotas. Este esfuerzo fue posible gracias a la colaboración de cerca de 700 voluntarios del Ayuntamiento de Madrid, quienes trabajaron incansablemente en los puntos de recepción para clasificar y organizar los suministros.
Cada palé estaba cuidadosamente rotulado con el nombre del municipio de origen, y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) se encargó de verificar la recepción de las donaciones en los puntos designados por la Delegación del Gobierno. Según José Manuel Zarzoso, secretario general de la FMM,
el Ejecutivo central asumió la responsabilidad de coordinar el traslado y la distribución de los materiales hacia Valencia y otras regiones necesitadas, dado que la cantidad recolectada superaba las necesidades inmediatas de las zonas afectadas.
Incertidumbre sobre el destino de 2.500 palés
A pesar de la magnitud de la operación, el último informe oficial, emitido por la Delegación del Gobierno en mayo de 2025, reveló que 2.500 palés permanecen sin entregar, lo que ha generado malestar y preocupación entre los municipios madrileños.
“No nos han informado qué han hecho con ellos, dónde los han entregado ni a quién. Creemos que ha pasado tiempo suficiente para saber dónde está ese material”, expresó Zarzoso en una entrevista
.Según el secretario general, el Gobierno afirmó que aproximadamente la mitad de los palés llegó a Valencia, mientras que otra parte fue redistribuida a asociaciones y comedores sociales debido a la caducidad de algunos productos. Asimismo, los artículos destinados a mascotas se enviaron parcialmente a Valencia, aunque una cantidad significativa permaneció en protectoras de animales en Madrid.
Sin embargo, la falta de transparencia ha llevado a los municipios a exigir un informe detallado que esclarezca el destino final de las donaciones. La FMM reclama información precisa sobre la cantidad de materiales entregados, su distribución geográfica, las organizaciones beneficiarias (sean públicas o privadas) y los procedimientos de adjudicación. Además, solicitan datos sobre el valor económico de las donaciones, así como una explicación clara sobre los motivos por los cuales una parte de los recursos no ha llegado a los afectados por la DANA.
Llamada a la responsabilidad y transparencia
La tragedia de la DANA en Valencia, considerada una de las peores catástrofes naturales de la historia reciente de España, movilizó no solo recursos materiales, sino también el compromiso de miles de ciudadanos y voluntarios que confiaron en las instituciones para canalizar su ayuda. Por ello, los municipios madrileños han instado a Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid, a asumir la responsabilidad de rendir cuentas sobre la gestión de estas donaciones. “Es imprescindible un informe claro y detallado que explique qué ha pasado con toda la ayuda desinteresada destinada a los damnificados”, subrayó Zarzoso.
La incertidumbre sobre los 2.500 palés no solo plantea interrogantes sobre la logística y la coordinación gubernamental, sino que también pone en riesgo la confianza de la ciudadanía en las instituciones. La solidaridad demostrada por Madrid y el resto de España merece una gestión transparente que garantice que cada kilo de ayuda llegue a quienes más lo necesitan.
Contexto político y social: Las ayudas prometidas que no llegan
El caso también ha generado críticas hacia la gestión general de las ayudas prometidas a los afectados por la DANA. Según declaraciones de la ministra Diana Morant, el Gobierno central ha abonado únicamente un tercio de las ayudas económicas comprometidas, responsabilizando parcialmente a los propios damnificados por demoras en los procesos administrativos. Esta situación ha avivado el debate sobre la eficacia de las políticas de respuesta ante desastres naturales, especialmente en un contexto donde la sociedad civil y las administraciones locales han demostrado una capacidad de reacción inmediata y efectiva.
Responsabilizar de que no lleguen las ayudas a aquellos que han padecido y siguen padeciendo el sufrimiento es inhumano y demuestra una vileza moral sin precedentes
Un precedente para futuras emergencias
La experiencia de la DANA en Valencia pone de manifiesto la importancia de establecer mecanismos claros y eficientes para la gestión de donaciones en situaciones de emergencia. La solidaridad de los ciudadanos y los ayuntamientos madrileños ha sido un ejemplo de compromiso cívico, pero también un recordatorio de que la confianza pública depende de la transparencia y la responsabilidad de las instituciones. Mientras los municipios madrileños aguardan respuestas, la sociedad española sigue atenta a cómo se gestionan los recursos destinados a paliar los efectos de una tragedia que marcó un antes y un después en la historia reciente del país.
Miles de ciudadanos siguen padeciendo las consecuencias
Son aún más de 1.000 ascensores los que siguen sin funcionar en el área de l’Horta de Valéncia, con cientos de personas con movilidad reducida que no han podido salir de sus viviendas en 10 meses.
Ascensores en huelga: La DANA los dejó fritos y diez meses después siguen de vacaciones
Existen algunos garajes aún con coches en su interior, ya que son garajes cuyo acceso de vehículos se realiza a través de un ascensor y por tanto no se han sacado 10 meses después. Los propietarios ahora se encuentran en una madeja legal ya que si los coches no son próximamente entregados en un desguace y dados de baja por el mismo perderán las ayudas.
Muchas de las viviendas afectadas que aún no han podido ser reconstruídas han sido ocupadas ilegalmente y los propietarios están en otro limbo legal con viviendas que son inhabitables, ayudas que no llegan o son insuficientes y problemas burocráticos, ahora muchos se enfrentan a problemas de ocupación de indigentes que buscan un techo en el que refugiarse.
Los cauces si bien están en obras este otoño se encontrarán con cauces ocupados por obras y zonas donde se han acumulado sedimentos con más de 2 metros, restando capacidad a los cauces.
Son miles de valencianos los que viven en zonas inundables y exigen soluciones que no llegan y se piensan a años vista, esperando que no vuelva a llover con fuerza.
La Diputació de Valéncia ha ofrecido a los Ayuntamientos que la empresa pública TRAGSA se ocupe e rehacer el alcantarillado de muchas poblaciones que sigue obstruído, y que en lluvias anega la población nuevamente.
Mucho por hacer aún, y muy pocas soluciones, como para ahora enterarnos que mucha de la ayuda para los valencianos fue derivada a otras partes de España, que aunque necesitadas, era Valencia la que fue el destinatario de las ayudas y el Gobierno decidió con las donaciones derivarlas hasta un 50% a otros lugares… Y aún quedan 2.500 palets por repartir… un desastre de gestión y un fraude a los ciudadanos.
Picanya expulsa a 65 vecinos de sus casas de l’Almassereta, expropiando 23 viviendas
