VALÉNCIA | 13/01/2026
Las asociaciones vecinales del Marítim han declarado la guerra frontal a dos de los problemas que, según denuncian, amenazan la supervivencia de sus barrios: el proyecto del rascacielos de la Autoridad Portuaria de València (APV) y la proliferación descontrolada de viviendas turísticas.
En una reunión celebrada este lunes junto a la presidenta de la Federació d’Associacions Veïnales, María José Broseta, las entidades de Grau-Port, Cabanyal-Canyamelar, MalvaRosa, Nazaret, La Isla Perdida y Ciutat Jardí han acordado un calendario de acciones conjuntas para frenar lo que consideran una «dejación de funciones» por parte del Ayuntamiento.
Un rascacielos «especulativo» y sin beneficio social
El foco de la polémica es el proyecto «Baluarte de La Marina», una torre de 30 plantas proyectada en suelo municipal. Los vecinos denuncian que la alcaldesa, María José Catalá, pretende ceder esta parcela de forma gratuita a la APV, sin exigir cánones económicos ni beneficios sociales para la ciudad.
«Es una operación especulativa que responde a los intereses del Puerto y no al interés general», afirman las entidades.
Como ejemplo de la falta de reciprocidad, los vecinos señalan el polideportivo con piscina del barrio del Canyamelar, propiedad de la APV pero de uso exclusivo para su personal, cuya apertura al público general ni siquiera ha sido solicitada por el consistorio.
Agravio comparativo y urbanístico
Las asociaciones recuerdan la contradicción urbanística que supone este proyecto:
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Impacto paisajístico: Mientras que en el Plan Especial del Cabanyal se obligó a reducir un hotel a 15 plantas, ahora se pretende autorizar una torre de 30.
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Prioridades históricas: Los barrios exigen recuperar la histórica Escalera Real para la ciudadanía antes de facilitar operaciones mercantiles privadas.
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Necesidad habitacional: Subrayan que el Marítim necesita vivienda asequible para evitar la expulsión de los vecinos (gentrificación) y no proyectos que encarezcan el entorno.
Frente común contra el turismo de masas
Paralelamente, el encuentro sirvió para formalizar una alianza contra el colapso del transporte público, la suciedad y los problemas de convivencia derivados de los apartamentos turísticos en bajos y hostales. Los vecinos exigen medidas drásticas para frenar la proliferación de estos alojamientos que están transformando la fisionomía de los barrios costeros.
Demandas principales
Las asociaciones han resumido sus exigencias en tres puntos clave:
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Paralización inmediata del proyecto del rascacielos.
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Apertura de un debate público transparente sobre el uso del suelo municipal.
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Revisión de la relación Ayuntamiento-Puerto, priorizando la defensa del litoral y el bienestar vecinal sobre los intereses de la APV.
