En la pedanía valenciana de Benimámet, concretamente en la Calle Fortaleny a la altura del número 3, los vecinos y vecinas denuncian desde hace meses una situación que consideran insostenible:
«una cámara instalada en el balcón de una vivienda graba de forma constante la vía pública, registrando a las personas que transitan diariamente por la zona»
El silencio en redes sociales
Pese a las reclamaciones en los propios grupos de Facebook, a los numerosos comentarios que afirman esta cuestión, que luego muchos son misteriosamente borrados, ni el Ayuntamiento de Valéncia ni el alcalde de la pedanía, Vicente Peris, han actuado ni dado parte a la Policía Local.
Lo más llamativo es que en esos mismos grupos de Facebook ha participado en numerosas ocasiones el propio alcalde de la pedanía, un espacio digital que, gracias a la modernidad y a internet, permite trasladar al instante cualquier incidencia del barrio a su máximo representante.
El mismo alcalde suele publicar en muchas ocasiones mensajes dirigidos a los vecinos, pero cuando son los propios habitantes quienes exponen un problema tan grave como este, la respuesta es el silencio.
El malestar aumenta con la sospecha de que la excusa institucional pueda ser que “no hay una queja formal”, cuando existen múltiples publicaciones, testimonios y denuncias públicas tanto en la calle como en redes que prueban de sobra la magnitud del problema.
Esta pasividad institucional está siendo interpretada como un consentimiento tácito de una vulneración flagrante de los derechos fundamentales de los habitantes.
“Llevamos meses así, lo hemos reclamado en un sinfín de ocasiones y aquí nadie hace nada”, denuncia uno de los vecinos afectados.
El malestar es evidente y creciente. Personas que utilizaban esa calle como paso habitual han dejado de hacerlo.
“Paso a menudo por esta calle porque atajo para ir a mi destino, ya no lo hago porque siento que se violan mis derechos”, explica una transeúnte habitual.
Para quienes viven en la misma vía, la indignación es aún mayor: “Vivo en esta misma calle y no tengo otra que pasar por aquí, he reclamado muchas veces y no hay derecho a que no se nos haga caso con algo tan serio”.
Los testimonios reflejan una sensación compartida: el abandono por parte de las instituciones locales.
Ni las quejas directas en la pedanía, ni la exposición en los grupos vecinales de Facebook han obtenido respuesta efectiva.
Se percibe una actitud de silencio y omisión que alimenta la frustración ciudadana.
Una vulneración de derechos fundamentales
La colocación de una cámara que graba la vía pública sin autorización ni consentimiento constituye una vulneración directa de los derechos fundamentales a la intimidad y a la propia imagen, reconocidos y protegidos por la Constitución Española.
Además, la normativa vigente en materia de protección de datos es clara: ningún particular puede instalar un dispositivo de grabación que apunte a espacios públicos sin cumplir con los requisitos legales establecidos.
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) establecen sanciones para estos casos.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) puede imponer multas económicas que, en el caso de particulares, oscilan desde los 300 euros hasta más de 6.000 euros, especialmente si se demuestra intencionalidad o reiteración en la infracción.
Los incumplimientos más comunes incluyen:
- Grabar espacios públicos sin autorización.
- No colocar carteles informativos que adviertan de la existencia de cámaras.
- No inscribir el sistema de videovigilancia en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT).
- Usar indebidamente las imágenes, ya sea difundiéndolas o almacenándolas sin causa justificada.
Si, además, la cámara llegara a captar conversaciones privadas o se difundieran las imágenes grabadas, el asunto podría derivar en un delito de descubrimiento y revelación de secretos tipificado en el Código Penal, con penas que van mucho más allá de la sanción administrativa.
La responsabilidad del Ayuntamiento de Valéncia
Lo más grave de este caso no es solo la existencia de la cámara ilegal, sino la inacción del Ayuntamiento de Valéncia.
Ante esta actitud, la conclusión es clara: el consistorio está permitiendo de facto la violación de los derechos de sus habitantes.
El alcalde de la pedanía, Vicente Peris, es señalado directamente por los vecinos como responsable de esta dejadez.
Su negación ante este delito, se interpreta como un desprecio hacia la legalidad y, sobre todo, hacia las personas que representa.
Benimàmet, como parte del municipio de Valéncia, merece la misma protección y garantías que cualquier otro barrio de la ciudad.
Sin embargo, la falta de actuación transmite el mensaje contrario: que en este rincón de la ciudad los derechos pueden vulnerarse sin consecuencias.
Exigir sanciones y medidas ejemplarizantes
Ante la situación, los vecinos exigen no solo la retirada inmediata de la cámara, sino también la imposición de sanciones ejemplares.
Si graba realmente o no, la fingir también debería tener sus consecuencias por generar ansiedad y estrés en la población.
En primer lugar, al propietario de la vivienda donde se ha instalado el dispositivo, por incumplir de manera flagrante la legislación vigente.
La multa debería publicarse como medida disuasoria para evitar que futuros infractores se sientan impunes.
Pero la exigencia no se queda ahí. Los residentes consideran imprescindible que también se sancione al propio Ayuntamiento de València por omisión de deberes.
Hacer caso omiso a una ley de obligado cumplimiento y desatender las reclamaciones ciudadanas supone un incumplimiento institucional que no puede quedar sin consecuencias.
Si las autoridades que deben velar por el cumplimiento de la ley son las primeras en ignorarla, ¿qué mensaje se está transmitiendo a la ciudadanía?
No puede esperar
El caso de la Calle Fortaleny en Benimàmet es un ejemplo claro de cómo la pasividad política puede traducirse en vulneración de derechos fundamentales.
No se trata de una simple molestia vecinal, sino de un atentado directo contra la privacidad y la libertad de las personas.
Basta imaginar la situación: caminar por una calle sabiendo que una cámara privada registra cada movimiento, cada gesto, quizás incluso cada palabra.
Una experiencia que genera desconfianza, incomodidad y miedo.
La calle, espacio común y libre por excelencia, se convierte en un lugar vigilado sin consentimiento.
Desde aquí, se exige que se ponga fin de inmediato a esta situación. Que se retire la cámara, que se sancione con contundencia al infractor y que se depuren responsabilidades en el Ayuntamiento por su dejadez.
Los derechos de los vecinos de Benimàmet son tan valiosos como los de cualquier otro ciudadano de València, y merecen respeto.
Basta ya!
La paciencia vecinal se ha agotado. Los testimonios lo dejan claro: la vulneración de derechos es evidente y el silencio institucional inaceptable.
No se puede consentir que en pleno 2025 se siga atentando contra la libertad de las personas con la complicidad del Ayuntamiento de València.
“Grabar a personas sin su consentimiento, invadiendo su privacidad, es una vulneración de derechos fundamentales protegidos por la ley”.
Esta afirmación no es una opinión, es un hecho jurídico.
El siguiente paso será denunciarlo por los cauces pertinentes, lentos y tediosos…dónde no solo se denunciará al infractor sino que también al consistorio por dejadez de funciones.
A ver si los movimientos de las redes sociales consiguen acelerar esta cuestión y con esta noticia más si cabe.
La ciudadanía exige respuestas, soluciones y justicia. Y sobre todo, exige que se cumpla la ley. Basta ya de mirar hacia otro lado. Basta ya de ignorar a los vecinos. Basta ya de permitir que los derechos se pisoteen impunemente en Benimámet.
