POR: REDACCIÓN VALÉNCIA | 12 DE ENERO DE 2026
La política valenciana ha vivido en las últimas dos semanas un esperpento administrativo que ha estado a punto de acabar con una tradición de quince años en los Poblados Marítimos. La Jornada de Convivencia de la Semana Santa Marinera, prevista inicialmente para el 10 de enero, ha logrado salvarse «in extremis» gracias a una intervención directa de la alcaldesa María José Catalá, quien ha tenido que corregir el rumbo de un Ayuntamiento donde la burocracia y la falta de voluntad política de sus socios de gobierno amenazaban con fracturar la relación con el colectivo cofrade.
El muro de Dominio Público y el silencio de Fiestas
El conflicto se originó en el servicio de Dominio Público, departamento que emitió un informe desfavorable denegando el permiso para el evento. Los técnicos municipales aplicaron una lectura restrictiva de la ordenanza, argumentando que la jornada no podía considerarse un acto de «interés general» o una fiesta tradicional al uso, al celebrarse fuera del calendario oficial de la Semana Santa. Bajo este prisma administrativo, el encuentro de miles de cofrades era tratado como una simple «reunión asociativa», carente de las excepciones que permiten el uso del espacio público y la emisión de sonido.
Sin embargo, lo que más indignó a la Junta Mayor no fue el informe técnico en sí, sino la actitud de la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil (Vox). Según fuentes cercanas al colectivo, Gil optó por «lavarse las manos», escudándose en que la competencia de la denegación era puramente técnica y de otra área (Dominio Público), evitando ejercer cualquier tipo de mediación o defensa política de una fiesta que, irónicamente, se encuentra bajo su tutela teórica. Esta pasividad fue interpretada por las hermandades como una traición y un síntoma de «abandono institucional».
Catalá toma el mando ante la crisis
Con el malestar incendiando el Grao y el Cabanyal, la alcaldesa María José Catalá entendió que el coste político de la inacción de sus socios era inasumible. En un movimiento que evidencia una falta de confianza en la gestión de Gil para resolver conflictos de calado, la alcaldesa tomó las riendas y convocó a la Junta Mayor a una reunión de urgencia en su propio despacho el pasado jueves 8 de enero al que no invitó a la concejal de Fiestas Mónica Gil.
En ese encuentro, Catalá no solo se distanció de la frialdad administrativa mostrada hasta entonces, sino que garantizó que la voluntad política se impondría para «reconducir la situación». El resultado de este golpe de autoridad sobre sus socios de Vox es el nuevo calendario: la jornada se celebrará el 18 de abril, sorteando los obstáculos técnicos mediante un compromiso firme de la Alcaldía.
Una victoria con lectura política
El comunicado oficial emitido por la Junta Mayor es una oda a la diplomacia que deja, sin embargo, un titular claro: el agradecimiento es para la alcaldesa. El texto subraya la «cercanía y disposición» de Catalá y su papel clave para alcanzar una solución tras la denegación de hace unas semanas. No hay mención alguna a la Concejalía de Fiestas, cuyo papel ha quedado reducido al de un espectador que dejó el problema crecer hasta que llegó a la planta noble del consistorio.
Este episodio deja una lección sobre el funcionamiento del actual gobierno local: ante la rigidez técnica o el desinterés de ciertas áreas gestionadas por Vox, es la propia Catalá quien debe bajar al barro para apagar los fuegos. La Semana Santa Marinera volverá a la Plaza de la Sal en abril, pero la imagen de Mónica Gil queda seriamente tocada ante un colectivo que ha visto cómo su «concejala de referencia» se ponía de perfil cuando más se necesitaba su defensa.
Los detalles del acuerdo
Finalmente, la Jornada de Convivencia 2026 tendrá lugar el sábado posterior a la Pascua. Este cambio de fecha ha sido la llave para que el servicio de Dominio Público levante el veto, permitiendo que las hermandades, cofradías y corporaciones celebren su acto de hermandad en el Puerto de Valencia con todas las garantías legales y el respaldo institucional que la alcaldesa se ha encargado de restaurar personalmente.
