El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha propuesto que las personas con discapacidad y sus familias sean consideradas población preferente en las acciones de los poderes públicos contra la pobreza energética.
Esta petición se ha incluido en el documento de aportaciones de la plataforma a la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2025-2030, actualmente en consulta pública por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El CERMI argumenta que las personas con discapacidad son consumidores más intensos de suministros energéticos que la media de la población.
Esto se debe a las necesidades específicas derivadas de su discapacidad, como el uso de dispositivos médicos, calefacción o climatización adaptada, lo que incrementa su vulnerabilidad ante la pobreza energética.
Discapacidad y vulnerabilidad
Estas personas suelen enfrentar mayores dificultades económicas, debido a los sobrecostes asociados a su discapacidad, lo que se conoce como agravio económico.
Esta situación genera un sobreesfuerzo financiero para mantener un consumo energético adecuado, que en muchos casos resulta insostenible sin apoyo institucional.
Ante esta realidad, el CERMI propone que:
las personas con discapacidad y sus familias accedan de manera prioritaria a los distintos bonos sociales energéticos, garantizando así su derecho a unas condiciones de vida dignas
La implementación de estas medidas permitiría mitigar la desigualdad y asegurar que este colectivo no quede excluido de las estrategias contra la pobreza energética.
El reconocimiento de esta situación y la adopción de políticas efectivas e inclusivas resultan fundamentales para garantizar que nadie se vea privado de un recurso esencial como la energía, especialmente aquellos en una situación de mayor vulnerabilidad.
