El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI CV) ha presentado ante la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda un documento con 49 aportaciones técnicas a la consulta pública del futuro Módulo Dinámico de Vivienda de Protección Pública (VPP).
La propuesta, registrada el 9 de enero de 2026, se estructura en seis bloques de garantías y persigue un objetivo claro:
evitar que la actualización de los precios máximos de la vivienda protegida expulse del sistema a las personas con discapacidad y a las familias más vulnerables
Desde CERMI CV se advierte de que la revisión de precios prevista para 2026, si no va acompañada de mecanismos correctores, puede generar un efecto perverso: un parque de vivienda protegida nuevo pero inaccesible económicamente para quienes más lo necesitan.
El impacto sería especialmente grave en los hogares con menos recursos y, de forma destacada, en aquellos encabezados por mujeres, que ya sufren mayores niveles de precariedad.
El presidente del CERMI CV, Luis Vañó, lo resume con claridad:
“La viabilidad económica para los promotores no puede lograrse a costa de la viabilidad social de las familias. Si subimos el precio del módulo sin tener en cuenta la capacidad de pago real de las personas con discapacidad, crearemos vivienda pública que nuestro colectivo no podrá pagar”
Un módulo que asuma el coste real de la accesibilidad
El primer bloque de propuestas pone el foco en el propio cálculo del precio oficial de la VPP.
CERMI CV reclama que el Valor Estándar del módulo internalice los sobrecostes reales de la accesibilidad universal, estimados entre un 15% y un 20% adicional.
Esto incluye no solo la accesibilidad física, sino también la sensorial, cognitiva, la domótica asistencial y las condiciones de salubridad reforzada necesarias para personas con discapacidad orgánica.
Para la entidad, la accesibilidad no es un complemento opcional, sino un requisito imprescindible para la vida independiente.
“Si el módulo no cubre estos costes, se construirán viviendas que cumplen la normativa mínima, pero que no sirven para vivir con dignidad”, advierten.
Un indicador anti-pobreza con perspectiva de género
Uno de los ejes centrales del documento es la creación del Indicador de Esfuerzo Total de Vivienda Accesible (IETVA).
Este indicador obligaría a que el precio del alquiler o de la hipoteca no supere nunca el 30-35% de la renta disponible real de la unidad familiar, una vez descontados los gastos fijos asociados a la discapacidad, como terapias, asistencia personal o copagos sanitarios.
Además, CERMI CV exige la aplicación de coeficientes correctores con perspectiva de género, destinados a proteger de forma específica a las mujeres con discapacidad y a las mujeres cuidadoras, reconociendo su mayor riesgo de pobreza y exclusión residencial.
Sin este enfoque, el nuevo módulo podría agravar desigualdades ya existentes, alerta la organización.
Justicia territorial, innovación y protección ante crisis
El documento también aborda la dimensión territorial del problema. CERMI CV reclama depurar los datos de precios de mercado que alimentarán el algoritmo del módulo, especialmente en zonas turísticas, donde los precios están distorsionados por la vivienda de lujo y la inversión extranjera.
“La VPP no puede fijarse según lo que paga un inversor por un apartamento en la playa”, señalan.
Junto a ello, se propone crear un Indicador de Accesibilidad Funcional del Entorno (IAFE), que evalúe si las zonas cuentan con servicios esenciales cercanos, como transporte adaptado o centros de día, antes de fijar el precio de la vivienda, incentivando así barrios verdaderamente inclusivos.
Entre las medidas finales destacan la creación de un “sandbox” regulatorio para probar modelos innovadores como el cohousing inclusivo, una “cláusula DANA” para estabilizar el módulo ante emergencias o catástrofes, y una Mesa Técnica de Gobernanza, con participación del CERMI CV, para auditar el algoritmo con total transparencia.
Con esta propuesta, CERMI CV se ofrece como aliado estratégico del Consell para diseñar una política de vivienda que sea económicamente viable para el sector y, al mismo tiempo, socialmente justa y accesible para las personas con mayores necesidades de apoyo.
