El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI CV) ha solicitado al Consell de la Generalitat Valenciana y al Gobierno de España que renueven con urgencia el acuerdo sobre la distribución de las asignaciones tributarias con interés social, fundamentales para la financiación del tercer sector.
La petición, respaldada también por CERMI Estatal, reclama que se mantenga el reparto actual del 80 % para las comunidades autónomas y el 20 % para la administración central.
Este acuerdo, que afecta a la recaudación del 0,7 % del IRPF y del Impuesto de Sociedades, caduca este mismo año 2025.
Desde CERMI CV se advierte de que la continuidad de cientos de programas sociales está en juego, especialmente los que se desarrollan en el ámbito autonómico y que dependen en gran medida de estos fondos.
Por ello, insisten en que no debe demorarse la renovación del acuerdo, que ha ofrecido estabilidad y equidad en los últimos años.
Reclaman rapidez política y administrativa
El movimiento de la discapacidad en la Comunitat Valenciana recuerda que quedan pocos meses para renovar el acuerdo, lo que implica un proceso complejo que requiere voluntad política y agilidad administrativa.
Desde CERMI CV se insta tanto al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 como a los gobiernos autonómicos a que actúen con rapidez y responsabilidad para no poner en peligro la financiación del tercer sector.
La importancia de esta distribución no solo radica en los recursos económicos que genera, sino también en su papel vertebrador para las entidades sociales que trabajan con personas con discapacidad, colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión.
CERMI CV subraya que esta financiación permite que el tercer sector mantenga su labor de cohesión social, inclusión y derechos humanos.
Un modelo consensuado que ha funcionado
El modelo actual, con un reparto del 80 % para los territorios y un 20 % para el Estado, ha sido fruto de un consenso político y judicial alcanzado tras años de conflicto, y ha garantizado una distribución equitativa basada en las necesidades reales de los territorios.
CERMI CV defiende mantener este equilibrio como fórmula eficaz y estable que ha funcionado bien desde su implantación, evitando tensiones entre administraciones y garantizando la llegada efectiva de fondos a los proyectos sociales de cada comunidad.
Por ello, alerta contra cualquier intento de modificar este reparto, que podría volver a generar inseguridad jurídica y política como ocurrió en el pasado.
El movimiento asociativo de la discapacidad reitera su compromiso con los valores de equidad, corresponsabilidad y colaboración entre administraciones, y llama a preservar un modelo que ha demostrado ser justo y eficiente para todas las partes.