En una comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), destacó la necesidad urgente de que el Estado democrático tome medidas frente a los discursos de odio.
Según Pérez Bueno, este tipo de agresión verbal, considerada una antesala a los delitos de odio, afecta especialmente a las personas con discapacidad, poniéndolas en una posición de vulnerabilidad extrema.
Un fenómeno que amenaza la paz social
Los discursos de odio representan un peligro no solo para las víctimas directas, sino también para la estabilidad política y la cohesión social.
Para Pérez Bueno, inhibirse ante estas expresiones no es una opción. Sin embargo, destacó que cualquier acción estatal debe mantener un balance riguroso entre la sanción y la protección de las libertades democráticas.
La respuesta no puede debilitar el Estado de Derecho; al contrario, debe fortalecerlo mediante medidas que respeten los derechos humanos fundamentales.
Propuestas legislativas y digitales
El CERMI ha propuesto al Poder Legislativo una serie de iniciativas que buscan reforzar la protección de los grupos sociales más expuestos, como las personas con discapacidad.
Entre estas medidas destacan la ampliación de marcos legales en las áreas civil y administrativa para sancionar los discursos de odio de manera eficaz.
Dado que gran parte de estas actividades tienen lugar en redes sociales, se sugiere una regulación más estricta de estas plataformas, incluyendo mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas.
Además, se aboga por una intervención judicial ágil para frenar la propagación rápida de este fenómeno en el entorno digital.
El sector de la discapacidad, como colectivo legítimamente atacado, está comprometido a trabajar de la mano con el Estado en la implementación de estas propuestas, demostrando así que los desafíos sociales pueden y deben abordarse desde una perspectiva de cooperación constructiva.
Como concluyó Pérez Bueno, es imperativo que el Estado actúe para garantizar una convivencia basada en el respeto y la equidad.
