La Audiencia Provincial de Alicante ha dictado sentencia en el conocido caso de las viviendas ilegales de Llíber, en la Marina Alta. El tribunal ha condenado a varios promotores inmobiliarios, al exaparejador municipal y al exalcalde popular José Mas por delitos de estafa y prevaricación urbanística cometidos entre 1999 y 2003, cuando se construyeron cerca de 300 casas en suelo rústico sin licencia.
Condenas y absoluciones
La sentencia, fechada el 25 de septiembre, impone penas que oscilan entre multas económicas y hasta dos años de prisión, según el grado de implicación de cada acusado.
En el caso del exalcalde José Mas, la Fiscalía pedía seis años de cárcel, pero finalmente se le ha impuesto una multa de seis meses a razón de diez euros diarios, además de tres años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y la prohibición de ejercer actividades relacionadas con la construcción. Ha sido absuelto del delito de soborno.
El promotor Miguel Montaner, en cambio, ha recibido la pena más dura: dos años de prisión y la misma multa económica que el exalcalde, al ser considerado culpable de un delito continuado de estafa.
Otros acusados, como el también exalcalde y en aquel momento concejal Juan José Reus (PP), han sido absueltos de los cargos que se les atribuían.
Una trama urbanística con 16 años de proceso
La causa judicial se ha alargado durante 16 años. En el juicio celebrado el pasado mes de mayo, trece personas se sentaron en el banquillo, con peticiones de condena que sumaban más de 43 años de cárcel.
Según la Fiscalía, los chalés, vendidos mayoritariamente a compradores extranjeros, no podían ser legalizados y se cometieron delitos contra la ordenación del territorio, falsedad documental y prevaricación. Sin embargo, el tribunal ha limitado las condenas a estafa y prevaricación urbanística en los casos más probados.
El propio José Mas defendió durante el juicio que “nunca” recibió dinero ni regalos a cambio de autorizar la construcción de las viviendas.
Sentencia recurrible
La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo en un plazo de cinco días.
Con este fallo, se pone un nuevo capítulo en una de las tramas urbanísticas más largas y polémicas de la Marina Alta, que afectó tanto a residentes locales como a extranjeros que compraron casas ahora declaradas ilegales.
