Por Álvaro Bombal
La reconstrucción de la provincia de Valéncia tras la DANA de 2024 —una tragedia cuyos efectos siguen plenamente presentes más de un año después, visibles en vidas quebradas, hogares destruidos y la desaparición de empresas y pequeños negocios— exigiría un liderazgo institucional firme, técnicamente solvente y respaldado por un equipo altamente especializado. Si se aspirara a revertir en un tiempo razonable la gravedad de la situación, el punto de partida tendría que ser necesariamente financiero.
La Generalitat, teniendo en cuenta el poco éxito para conseguir la financiación pública, tendría que preparar la posible activación de una emisión histórica de Bonos Valencianos de Reconstrucción y Futuro (BVRF) por un valor aproximado entre 45 y 50 mil millones de euros, concebidos como instrumento de transformación estructural. Esta operación, de ingeniería financiera avanzada, podría convertir ahorro privado en capital público productivo sin tensionar la presión fiscal ni comprometer la solvencia. Su propósito no sería generar deuda improductiva, sino crear capacidad económica real, impulsar actividad y restablecer las bases materiales de un territorio devastado sin entrar en tensión jurídico-legislativa nacional y europea en materia de competencia.
La sostenibilidad se garantizaría mediante un marco macroeconómico que permitiera absorber la carga financiera con crecimiento real, estabilizando progresivamente la ratio deuda/PIB y evitando incrementos fiscales innecesarios. La clave no sería recortar, es más, seria contraproducente recortar. La clave realmente se sitúa en la estimulación de la economía para que el crecimiento superara de forma consistente el ritmo de endeudamiento. En este sentido, el alivio fiscal temporal que el Consell podría aplicar durante los dos primeros ejercicios sería un instrumento decisivo para restaurar la liquidez de familias, autónomos y empresas, condición indispensable para que la reconstrucción generara un tejido económico más resistente y dinámico. Y esta es la herramienta y visión clave porque la clave de bóveda se en cuenta en aumentar la productividad anual entre un 2,5 a un 3% durante los próximos 5 años.
En este sentido, la política presupuestaria debería tener la obligación estratégica de dar prioridad al capital productivo aplicado a infraestructuras resilientes, energía limpia, logística estratégica y zonas especiales de asentamientos empresariales, agricultura y vivienda eficiente. La reconstrucción se concebiría como un nuevo ciclo de productividad que permitiera atraer inversión privada internacional, dada la infraestructura moderna existente, la que hay que reparar y la que hay que crear, a la par que la propia seguridad jurídica y fiscalidad razonable que representa la C. Valenciana. Solo de esta forma cada euro público podría traducirse, a través del correspondiente apalancamiento, en un incremento significativo de actividad privada, especialmente en sectores avanzados y estratégicos.
En el ámbito de vivienda y cohesión social, la estrategia se orientaría a incrementar la oferta real desde la creación y rehabilitación de vivienda, y promocionar el alquiler accesible que no social, para no entrar en conflicto con el perfil de beneficiario de subsidios y ayudas sociales, por tanto no se trata de subsidiar la demanda si bien es cierto que tapien hay que aumentar la VPO significativamente. El objetivo sería evitar la especulación, ampliar el acceso y permitir que miles de trabajadores afectados por la catástrofe recuperaran estabilidad vital y económica. Este enfoque se complementaría con intervenciones de salud mental, educación post-trauma y apoyo específico a municipios rurales dañados, elementos imprescindibles para reconstruir comunidad y tejido social.
La previsión económica general buscaría posicionar Valéncia como un entorno singular en el Mediterráneo para la implantación de grandes empresas y patrimonios, con un modelo institucional que pudiera combinar mínima fricción burocrática, impuestos autonómicos competitivos y un blindaje reforzado de seguridad jurídica. El objetivo sería atraer sedes fiscales y operativas de compañías tecnológicas, industriales y financieras europeas, elevando estructuralmente el suelo económico de la Comunitat Valenciana y reduciendo su vulnerabilidad ante futuras crisis.
La transparencia, en este contexto, no se entendería como un valor añadido, sino como un requisito técnico de mercado y una condición de civismo democrático. Sin reputación institucional sólida, no existiría financiación sostenible; y sin financiación sostenible, no habría reconstrucción viable. Por ello, proteger y reforzar la solvencia y credibilidad crediticia de la Comunitat Valenciana sería la acción inicial más importante.
En conjunto, este planteamiento podría iniciar una recuperación estructural y responsable, con visión de largo plazo y ejecución rigurosa, capaz de transformar una tragedia en una oportunidad histórica. Con un liderazgo institucional claro, un equipo técnico de alto nivel y una planificación económica y jurídica exhaustiva, la provincia de Valéncia podría situarse en una nueva etapa de progreso, resiliencia y estabilidad, reconstruyendo no solo lo perdido, sino las bases para un futuro más fuerte que el pasado.
Álvaro Bombal
Experto en Asuntos Públicos, Regulación, Fondos Europeos y Empresas y CEO de una consultora.
