La nueva propuesta de ley del PSOE amenaza con encarecer la propiedad de viviendas vacías y segundas residencias a través del IRPF y un endurecimiento de los criterios de ocupación, afectando tanto al pequeño propietario como al inversor especulativo.

El escenario: una España llena de casas, pero sin inquilinos

España, tierra de contrastes. Mientras algunos ciudadanos se enfrentan a un mercado inmobiliario asfixiante, donde los precios de los alquileres alcanzan cotas difícilmente asumibles por los bolsillos medios, en paralelo, millones de viviendas permanecen cerradas a cal y canto, sumidas en un silencio que, al parecer, incomoda cada vez más a los legisladores.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el país acumula alrededor de 3,8 millones de viviendas vacías, lo que equivale a un 14% del parque total de viviendas. Y si a ello sumamos los cerca de 2,5 millones de segundas residencias de uso temporal (esa querida casa del pueblo o el ansiado apartamento en la playa), el panorama cobra dimensiones aún más jugosas para el debate político.

Es en este contexto donde el Gobierno del PSOE, liderado por Pedro Sánchez, ha decidido dar un paso más allá en su conocida cruzada por “garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible”, presentando una nueva batería de medidas fiscales. Medidas que, en esencia, pretenden presionar al propietario de inmuebles desocupados para que los ponga en el mercado del alquiler, ayudando —teóricamente— a aliviar la tensión de oferta existente.

Pero vayamos al grano. ¿En qué consiste realmente esta nueva vuelta de tuerca fiscal? ¿A quién afectará? ¿Y los valencianos con su casa en la playa de Gandia o el piso heredado en el pueblo de interior deben empezar a temblar? Vamos a desmenuzarlo.

La propuesta del PSOE: el IRPF como arma disuasoria

Lo más llamativo de la proposición de ley presentada por el grupo parlamentario socialista es el incremento de la tributación vía IRPF sobre los propietarios de viviendas vacías.

Hasta ahora…

El actual marco legal ya contempla, de forma bastante laxa, ciertos recargos para estas situaciones. Desde la Ley de Vivienda de 2023, los ayuntamientos tienen la posibilidad de aplicar un recargo de hasta el 150% en el IBI sobre los inmuebles desocupados que no sean primera residencia. Sin embargo, la aplicación de esta medida ha sido casi anecdótica: muchos ayuntamientos no la han aplicado o directamente la han ignorado, por su escasa rentabilidad política y la complejidad de gestión.

Lo que viene ahora…

Para sortear esta parálisis municipal, el PSOE ha optado por subir la apuesta a nivel nacional. La medida estrella: un recargo en el IRPF para propietarios de viviendas vacías. Actualmente, Hacienda ya imputa una renta ficticia sobre los inmuebles no arrendados (excepto vivienda habitual), que suele oscilar entre el 1,1% y el 2% del valor catastral. La nueva propuesta eleva ese gravamen hasta un 3% máximo, especialmente en aquellos casos de valores catastrales altos (por encima del millón de euros).

En otras palabras: aunque tu casa esté cerrada todo el año, para Hacienda es como si estuvieras ingresando un alquiler ficticio por ella, y por tanto, debe tributar. Un concepto nada nuevo, pero ahora reforzado.

¿Qué viviendas se consideran vacías? Atención al detalle

Aquí empieza el juego de definiciones, tan querido por los legisladores fiscales:

• Vivienda vacía: Aquella que permanece desocupada de forma continuada durante más de dos años, sin una causa justificada.
• Excepciones: Se excluirán los casos de uso temporal (por estudios, desplazamientos laborales, reformas justificadas, dependencia médica, etc.) pero, claro, todo ello sujeto a comprobación.
• Criterio principal de prueba: El empadronamiento. Si no hay nadie empadronado en la vivienda durante la mayor parte del año, Hacienda puede entender que está vacía. A esto se suman otros factores como el consumo energético (agua, luz, gas), inspecciones in situ o incluso denuncias de terceros.

Y sí: la casa del pueblo, el piso de la playa o el apartamento de fin de semana en la montaña entran en el radar fiscal, salvo que puedas justificar un uso habitual o estacional continuado. Porque, recordemos, “segunda residencia” no es igual a “vivienda habitada” a ojos de la Agencia Tributaria.

El impacto en la Comunidad Valenciana: ¿un golpe a las segundas residencias?

Para contextualizar el impacto en nuestra tierra, es importante recordar que la Comunidad Valenciana es uno de los grandes bastiones del fenómeno de la segunda residencia en España, especialmente por su atractivo litoral y su interior cada vez más demandado por el turismo rural.

Basta con recorrer localidades como Dénia, Altea, Peñiscola, Gandia o Jávea para comprender la magnitud del parque de apartamentos, chalets y bungalows que durante meses permanecen cerrados o con una ocupación intermitente de fin de semana o verano.

A efectos prácticos, muchos propietarios valencianos que compraron estos inmuebles como segunda residencia familiar o inversión para el futuro, podrían verse ahora:

• Obligados a pagar más IRPF, incluso sin obtener renta alguna del inmueble.
• Forzados a justificar su uso efectivo, algo que puede resultar complicado si solo se ocupa ocasionalmente.
• Tentados a poner en alquiler viviendas que jamás pensaron en arrendar, solo para evitar el castigo fiscal.

¿Es esta medida solo para grandes tenedores o para el ciudadano medio?

Aquí está una de las grandes críticas a la propuesta del PSOE. Aunque los socialistas insisten en que su objetivo es combatir el «acaparamiento especulativo», la realidad es que la norma no distingue entre grandes fondos inmobiliarios y pequeños propietarios particulares.

Es decir: tanto un jubilado que conserva la casa heredada del abuelo en Requena, como un fondo internacional con 300 pisos turísticos en Benidorm, podrían acabar tributando bajo los mismos criterios, aunque con intensidades distintas si se superan ciertos valores catastrales.

Y es en este punto donde los socios de gobierno del PSOE, como Sumar, han alzado la voz señalando que la medida “se queda corta” al no intervenir de manera directa en la regulación de precios del alquiler o limitar más agresivamente la tenencia especulativa masiva.

¿Tiene posibilidades de aprobarse esta medida?

Aunque el PSOE ha registrado la proposición de ley en solitario, sin el apoyo previo de sus socios, el escenario parlamentario aún es incierto:

• Sumar se muestra crítico, pero abierto a negociar siempre que se incorporen medidas más estructurales.
• El PP, como era previsible, se opondrá frontalmente a lo que califican de “populismo fiscal desincentivador de la inversión”.
• Otros grupos (ERC, PNV, Bildu, Junts…) se convierten en la clave, dependiendo de las contrapartidas negociadas.

Por tanto, aunque la idea circula ya en el Congreso, su aprobación no está garantizada de inmediato.

El dilema ético y práctico: ¿justicia social o castigo al ahorro familiar?

Como suele suceder en estos debates sobre vivienda, el trasfondo está plagado de interrogantes incómodos:

• ¿Debe penalizarse fiscalmente a quien tiene un inmueble vacío aunque sea fruto de su ahorro o herencia?
• ¿Realmente estas medidas sacarán más viviendas al mercado o provocarán el efecto contrario?
• ¿Estamos ante un paso hacia un modelo más europeo de uso eficiente de la vivienda o simplemente ante una vía recaudatoria encubierta?

Y en lo inmediato, miles de propietarios valencianos se preguntan lo evidente:
“¿Me va a salir por un pico mantener mi apartamento de Benicassim o el piso de mis padres en Utiel si lo uso solo en vacaciones?”

¿Y si la vivienda es turística? Otra capa de complejidad

Además, no podemos olvidar que esta propuesta convive con el creciente debate sobre la regulación de los pisos turísticos, donde también planean futuras limitaciones y recargos adicionales. No es descartable que, en breve, los propietarios que destinen sus segundas residencias al alquiler turístico deban lidiar con nuevas exigencias fiscales, permisos limitados o cupos máximos.

Reflexión final: ¿hacia dónde vamos con la política de vivienda?

El movimiento del PSOE abre de nuevo el melón de la gran cuestión social contemporánea en España: el acceso a la vivienda en un país con abundante parque inmobiliario pero desequilibrios profundos entre oferta y demanda real. Y coloca sobre la mesa el eterno dilema entre intervención estatal vs. libertad de propiedad.

Porque claro, la pregunta incómoda queda flotando en el aire:

¿Es legítimo que el Estado te penalice por tener una propiedad que no usas… aunque te la hayas pagado con el esfuerzo de toda una vida?