En Cullera se ha producido un caso insólito por la rapidez de la justicia. Un juzgado ha ordenado el desalojo inmediato de una vivienda ocupada en apenas tres días, una resolución poco habitual en los tribunales españoles.
La casa pertenecía a una mujer de 88 años, en estado vegetativo y encamada desde hace tiempo en una residencia geriátrica. El pasado 15 de agosto, una de sus hijas acudió al domicilio familiar y descubrió que la cerradura había sido cambiada. En su interior vivían ya cinco personas: tres adultos de nacionalidad peruana y dos menores.
El contrato falso
Cuando la Guardia Civil se personó en la vivienda, los ocupantes presentaron un supuesto contrato de alquiler. Sin embargo, el documento levantó sospechas desde el primer momento: la firma aparecía fechada el 7 de agosto de 2025, cuando la anciana ya no podía rubricar ningún papel por su grave deterioro cognitivo.
Los parientes de la propietaria denunciaron que el contrato era falso y sospechan que los okupas pudieron haber sustraído documentación del buzón de la casa para fabricar un documento con apariencia legal y así retrasar cualquier desalojo.
La denuncia y la resolución judicial
Con el respaldo de la abogada Reyes Albero, la familia presentó una denuncia por usurpación de inmueble y solicitó al juzgado la aplicación del procedimiento de desahucio exprés. En apenas tres días, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sueca decretó el desalojo inmediato.
La resolución autorizaba a los agentes a emplear “la fuerza mínima indispensable” en caso de resistencia, aunque finalmente no fue necesario.
El desalojo
El pasado martes, la Guardia Civil notificó la orden judicial a los ocupantes, que se vieron obligados a abandonar la vivienda junto a sus pertenencias. Una vez fuera, fueron identificados por los agentes, mientras los herederos accedían al inmueble para comprobar su estado.
En el interior encontraron una habitación repleta de enseres y ropa, prueba de que los okupas se habían instalado con intención de permanecer. Aún no han determinado si faltan objetos de valor, pero lo ocurrido ha devuelto a la familia la tranquilidad de recuperar la vivienda.
Un precedente poco común
Aunque los desahucios exprés están regulados en la legislación española para proteger a los propietarios frente a la okupación, no suele ser tan rápido que en solo tres días un juez ordene y ejecute un lanzamiento. El caso de Cullera podría convertirse en un precedente llamativo en la lucha contra la okupación ilegal, especialmente en contextos de falsificación documental.
