ALICANTE – El tablero político de la provincia de Alicante ha vivido hoy una jornada de alta tensión y decisiones estratégicas. En un contexto marcado por la inestabilidad internacional, el pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado este miércoles una moción de urgencia presentada por el Grupo Popular para exigir al Gobierno de España la suspensión inmediata de las reglas fiscales. El objetivo: permitir que los ayuntamientos y la propia institución provincial dispongan de sus ahorros acumulados —el llamado remanente de tesorería— para mitigar las consecuencias socioeconómicas derivadas del conflicto bélico en Irán.
La propuesta, liderada por el presidente de la institución, Toni Pérez, ha logrado fracturar el bloque de la izquierda. Mientras que Vox y Compromís se han sumado a la iniciativa del equipo de gobierno, el Grupo Socialista ha votado en contra, una postura que ha encendido el debate parlamentario sobre la gestión de la crisis y la autonomía local.
Un «escudo financiero» de mil millones de euros
El núcleo de la reclamación se cifra en una cantidad astronómica: más de mil millones de euros. Según los cálculos de los populares, este es el volumen de ahorros que se encuentran actualmente bloqueados en las arcas de los municipios alicantinos debido a las restricciones presupuestarias impuestas por el Ejecutivo central.
La vicepresidenta primera, Ana Serna, ha sido la encargada de defender la necesidad de esta medida, apelando directamente a la Moncloa. «Podríamos contar con muchos más recursos si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, baja a la tierra y nos permite usar los ahorros de los alicantinos», ha aseverado Serna. La portavoz ha recordado que durante la pandemia del Covid-19 y el inicio de la guerra de Ucrania, la suspensión de estas reglas permitió realizar «la inversión más grande en la historia de esta institución».
Por su parte, la diputada de Hacienda, Marina Sáez, ha hecho hincapié en la «incertidumbre económica» que proyecta el conflicto iraní sobre el día a día de la ciudadanía. Sáez ha instado a flexibilizar el gasto para impulsar ayudas directas al comercio local, servicios sociales y el mantenimiento de infraestructuras básicas, alegando que la situación actual requiere una respuesta tan excepcional como la de crisis anteriores.
El Plan +Cerca 2026: Oxígeno para los municipios
Pese al choque por los remanentes, la sesión ha arrojado un consenso unánime en un punto vital: la aprobación de la convocatoria del Plan +Cerca 2026. Este programa supondrá la inyección de 8,8 millones de euros destinados a los 141 municipios y las tres entidades locales menores de la provincia.
Este plan busca aliviar las tesorerías municipales de cara al periodo estival, permitiendo a los ayuntamientos sufragar gastos corrientes y servicios que suelen verse tensionados por el aumento de población durante el verano. Sin embargo, desde el equipo de gobierno insisten en que esta cifra es solo una fracción de lo que se podría invertir si Madrid «desbloquease» los fondos provinciales.
Críticas del PSOE y Comisión de Investigación
La oposición socialista, que se ha quedado sola en el rechazo a la moción sobre las reglas fiscales, ha argumentado que la propuesta del PP es una «cortina de humo». Según el PSPV, el equipo de gobierno utiliza el contexto internacional como «excusa para tapar la falta de gestión y la escasa ejecución presupuestaria» de la Diputación.
El clima de confrontación se ha trasladado también al debate sobre el Bono Comercio. El pleno ha aprobado la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de este programa en años anteriores. La comisión, que contará con 13 miembros y un plazo de seis meses, nace rodeada de polémica tras el rechazo del PP a incluir en la resolución —como pedía el PSOE— la comparecencia obligatoria del actual presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y del presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño. Ana Serna ha justificado esta negativa aclarando que será la propia comisión, una vez constituida, la que decida soberanamente a quién llamar a declarar.
Infraestructuras y Medio Ambiente: Inversiones en marcha
Más allá de los grandes debates políticos, el pleno ha servido para dar salida a partidas presupuestarias clave para la provincia:
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Ciclo Hídrico: 2,3 millones de euros para la mejora y reparación de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de agua.
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Carreteras: 3,4 millones para la Red Viaria Provincial y cerca de 800.000 euros para movilidad ciclista y peatonal.
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Pesca: Se ha aprobado estudiar una línea de subvenciones para que el sector pesquero colabore en la recogida de residuos marinos, a propuesta de Compromís.
El conflicto de L’Alqueria d’Asnar llega al pleno
Uno de los momentos más tensos de la jornada se ha producido fuera del orden del día, con la presencia de vecinos de L’Alqueria d’Asnar en la sala. El PSOE ha exigido que la Diputación intervenga para designar un secretario en dicho ayuntamiento y así desbloquear una moción de censura pendiente.
Tanto Ana Serna como el presidente Toni Pérez han sido tajantes al desmarcarse de esta cuestión, señalando que la competencia recae exclusivamente en la Subdelegación del Gobierno. «No vamos a hacer política barata con un tema que está judicializado«, sentenció Pérez, acusando a los socialistas de intentar que la institución se extralimite en sus funciones legales.
La sesión ha concluido con el rechazo a otras mociones menores de Vox y el PSOE, dejando claro que el foco de la Diputación para este 2026 estará centrado en la batalla por la autonomía financiera frente al Gobierno central y la gestión de una crisis internacional que ya empieza a golpear las expectativas locales.
