La Guardia Civil ha detenido a dos hombres acusados de protagonizar una ola de robos en cajeros automáticos móviles instalados en diversos municipios despoblados de la sierra valenciana. Con este modus operandi, las infraestructuras de servicio bancario quedaron temporalmente fuera de uso para las poblaciones afectadas.
El operativo
La investigación arrancó tras la detección de varios robos con fuerza en cajeros itinerantes ubicados en localidades sin sucursal bancaria permanente. Los autores aparcaban un coche en las afueras de la población y luego se desplazaban hasta el cajero en un patinete eléctrico, con el rostro cubierto y guantes, preparados para forzar la máquina durante la noche.
Una patrulla interceptó al dúo mientras actuaba en uno de los dispositivos instalados en la zona de la Serranía valenciana: los arrestados, de 20 y 52 años, ambos de nacionalidad rusa, fueron sorprendidos en plena manipulación de un cajero. A su cargo fueron intervenidas herramientas especializadas, dos patinetes, el vehículo y otros elementos vinculados a los robos.
Los efectos sobre la zona rural
Estos robos no solo constituyen delitos graves de fuerza, sino que afectan directamente al servicio de las poblaciones rurales: al tratarse de páramos sin sucursal bancaria, los cajeros móviles constituyen su acceso al efectivo. Con su indisponibilidad, los vecinos quedan en una situación de mayor vulnerabilidad, tanto económica como social.
Investigación y judicialización
La operación fue desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Llíria y el Puesto de Villar del Arzobispo, que remitieron las diligencias al Juzgado de Instrucción número 3 de Llíria. Los detenidos se enfrentan a cargos por robo con fuerza, daños y otros delitos conexos.
Conclusión
La actuación pone de relieve la necesidad de una mayor vigilancia policial en zonas rurales desplazadas, donde los servicios bancarios móviles se convierten en objetivo prioritario para delincuentes con movilidad y medios técnicos. Asimismo, refleja la importancia de reforzar tanto la seguridad de esos dispositivos como la respuesta institucional para garantizar la continuidad del servicio a los ciudadanos que dependen de ellos.
