La sentencia del caso Alves no solo ha desatado titulares. Ha desatado una tormenta política, judicial y mediática que vuelve a poner en jaque un pilar esencial de cualquier democracia: la presunción de inocencia.

🎯 ¿Qué ha dicho realmente Irene Montero?

La ya polémica frase de la vicepresidenta fue clara:

«Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes valientes».

Unas palabras que, lejos de ser matizadas, fueron entendidas por jueces, juristas y parte de la ciudadanía como un ataque directo al Estado de Derecho. Tras la oleada de críticas, Montero rectificó. Pero la rectificación no calmó las aguas.

📌 El testimonio judicial no puede ser sustituido por el juicio político

Jueces como Jesús Villegas lo dijeron alto y claro:

“Pensé que era un montaje. Esto es la antesala del linchamiento.”

Y no lo decía solo por la frase de Montero, sino por una deriva general en la que lo político invade lo judicial, en nombre de causas justas, pero con métodos peligrosos.

Paula Fraga, abogada penalista y feminista, también lo subrayaba:

“Proteger a las víctimas no puede hacerse a costa de eliminar garantías. El derecho a la presunción de inocencia es un principio civilizatorio.”

👩‍⚖️ ¿Qué dicen los jueces sobre la sentencia de Alves?

Tres magistrados, de sensibilidades distintas, coincidieron en algo clave:
la sentencia del TSJ que absuelve a Alves no niega el relato de la víctima por sistema, sino que lo confronta con hechos objetivos (cámaras de seguridad, informes periciales, contradicciones).

Y como establece el Tribunal Supremo, cuando hay duda, esta se resuelve a favor del acusado. Esa es la base de cualquier sistema de garantías. El derecho penal no puede construirse sobre convicciones ideológicas.

⚠️ Cuando se ataca a la justicia, peligra la democracia

Como recordó el propio juez Villegas en el programa Horizonte:

“Los políticos están usando el sufrimiento ajeno para ganar aplausos en mítines. Y eso es una forma de coacción al poder judicial.”

Y la reacción fue unánime: todas las asociaciones judiciales y fiscales —sin importar su ideología— salieron en defensa de la independencia judicial.

💬 ¿Y ahora qué?

¿Puede una democracia permitir que se desacredite una sentencia sin haberla leído?
¿Puede una ministra hablar de “justicia patriarcal” cada vez que no le gusta un fallo?

Claro que se puede criticar una sentencia, faltaría más. Pero no se puede usar el púlpito del poder para poner en duda el trabajo de jueces que actúan con base en pruebas.

Porque si empezamos a juzgar con pancartas y no con pruebas…
volveremos a quemar brujas, esta vez, en directo por streaming.