El caso de la piscina de Alboraya es una investigación judicial en curso en Valencia que gira en torno a la presunta construcción ilegal de una piscina municipal en un terreno clasificado como suelo no urbanizable (protegido como huerta agrícola), propiedad del Ayuntamiento de Valencia pero ubicado en el término municipal de Alboraya. La obra, que costó alrededor de 1,2 millones de euros, se impulsó en 2022 y ha generado acusaciones de prevaricación urbanística y daños al patrimonio público. A continuación, te explico los detalles clave de manera cronológica y estructurada.
Antecedentes
- Origen del proyecto: En 2022, el Ayuntamiento de Alboraya (gobernado por el PSOE) inició la construcción de una piscina municipal descubierta en un terreno que consideraba propio, pero que en realidad pertenece al Ayuntamiento de Valencia. Según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alboraya, el suelo se clasifica como urbano, pero el PGOU de Valencia lo califica como no urbanizable y protegido, lo que impide edificaciones como esta.
- Intento de regularización: Para legalizar la obra, se planteó un intercambio de terrenos (permuta) entre los ayuntamientos de Alboraya y Valencia. Sin embargo, este proceso se paralizó en abril de 2025 debido a la intervención judicial, ya que el Ayuntamiento de Valencia argumentó que el litigio complica cualquier acuerdo.
- Denuncia inicial: El caso estalló en febrero de 2025 tras una denuncia de un particular ante la Fiscalía, que alertó sobre la irregularidad de la construcción en suelo protegido. Esto llevó a la apertura de diligencias en el Juzgado de Instrucción nº 19 de Valencia.
Implicados principales
- Miguel Chavarría (alcalde de Alboraya, PSOE): Declaró como investigado en julio de 2025 y admitió que la piscina se construyó en suelo de Valencia, aunque defendió su legalidad al considerar que formaba parte del término de Alboraya. Aceptó la posible demolición si se declara ilegal y enfrenta una solicitud de hasta ocho años de cárcel por parte de la Fiscalía por presunta prevaricación y malversación.
- Ana Bru (concejala de Urbanismo de Alboraya): También declaró en julio de 2025 y argumentó que actuó bajo la creencia de que el terreno pertenecía a Alboraya, ya que pagan el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) al Ayuntamiento de Valencia.
- Joan Ribó (exalcalde de Valencia, Compromís, 2015-2023): Implicado por su rol durante su mandato, cuando se produjeron los acuerdos preliminares sobre el terreno. La Fiscalía le imputa posible responsabilidad en la autorización implícita de la obra, y pide cuatro años de prisión. Ribó dejó su acta de concejal en 2024, pero el Ayuntamiento de Valencia le asignó un abogado municipal para su defensa, basándose en que los hechos ocurrieron en su ejercicio como cargo público.
- Ayuntamientos involucrados: Tanto Valencia como Alboraya están bajo investigación como entidades responsables de la presunta ilegalidad urbanística.
Desarrollo de la investigación judicial
- Apertura y primeras declaraciones: En febrero de 2025, el juez abrió la causa por posible delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo. En julio de 2025, Chavarría y Bru declararon, reconociendo la titularidad del suelo por parte de Valencia y la discrepancia urbanística.
- Citaciones a Ribó: Ribó fue citado por primera vez para el 21 de julio de 2025, pero no se presentó alegando falta de notificación (el juzgado intentó localizarlo más de cinco veces sin éxito). Se fijó una nueva fecha para el 24 de octubre de 2025, pero el 22 de octubre solicitó un aplazamiento por segunda vez, argumentando que no disponía de toda la documentación necesaria. El juez lo aceptó, retrasando indefinidamente su comparecencia.
- Otras acciones: El juez está cerca de cerrar la fase de instrucción, con testimonios que confirman la construcción en suelo protegido. La Fiscalía ha elevado las peticiones de pena, y hay debates sobre la demolición de la piscina.
Estado actual (octubre 2025)
A fecha de 25 de octubre de 2025, la investigación sigue abierta en el Juzgado de Instrucción nº 19 de Valencia, con la fase de instrucción avanzada pero sin resolución final. Ribó se ha personado en la causa y cuenta con defensa municipal, lo que ha generado críticas por su ex condición de cargo. No hay avances en la permuta de terrenos, y la piscina permanece en uso pese a las irregularidades. El caso ha politizado el debate local, con acusaciones de favoritismo entre administraciones de izquierda (PSOE y Compromís). Se espera que el juez decida pronto sobre el cierre de instrucción y posibles juicios.
Catalá da cobertura a Ribó
Lo que genera mucha polémica es que Catalá actual alcaldesa de Valéncia de cobertura a Ribó en un tema que perjudica a los ciudadanos de la Ciudad, ya que estos terrenos se iban a «regalar a Alboraya» pero seguían siendo terreno de huerta protegida en suelo municipal de Valéncia, en los que se permitió la construcción de una piscina y su calificación de suelo urbano de Alboraya cuando es suelo de huerta protegida en Valencia.
Para dar asistencia jurídica municipal el Ajuntament de Valéncia ha de aprobarlo en una junta de gobierno local, y se duda de que ese trámite se haya llevado a cabo, por lo que sería decisión única de Catalá dar cobertura a Ribó cuando salieron perjudicados los ciudadanos de Valencia.
De polémica en polémica…
Ribó y Sandra Gómez, presuntamente un gobierno progresista y ecologista permitió la construcción sin licencia de obras sobre un suelo municipal de Valencia serigrafiado como de huerta y protegido, una construcción por un Ayuntamiento vecino, eso sí, pagaba un IBI en Valencia por ello…
¿Cómo es posible que alguien construya en suelo de Valencia una piscina cubierta y nadie la paralice?. No hubo licencia de obras y el suelo está protegido como huerta protegida… Los ecologistas de pandereta Ribó (Compromís) apoyado por Sandra Gómez, que de fomento se libra por ser eurodiputada y por tanto aforada…
¿Se imagina usted que hubiera ocupado un suelo municipal protegido como huerta y hubiera contruído sobre él?…¿Qué hubiera pasado?
