La institución europea reclama un sistema más justo y disuasorio que garantice una compensación adecuada para los trabajadores afectados por despidos ilegales, con base en las circunstancias individuales y los daños reales sufridos.
El Consejo de Europa ha emitido una contundente recomendación a España para que reforme su actual sistema de indemnización por despido improcedente, señalando que no cumple con los estándares necesarios para proteger a los trabajadores. Según el organismo, el sistema vigente no asegura una compensación proporcional al daño sufrido ni genera un efecto disuasorio suficiente para las empresas, por lo que insta a un cambio legislativo urgente que garantice justicia para las víctimas de despidos ilegales.
Una demanda respaldada por la Carta Social Europea
La recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa surge tras un dictamen emitido el pasado julio por el Consejo Europeo de Derechos Sociales (CEDS). En este dictamen, el organismo consideró que el sistema español de indemnización, basado en topes preestablecidos, vulnera el artículo 24 de la Carta Social Europea. Este artículo protege a los trabajadores frente al despido improcedente y exige una indemnización proporcional al perjuicio sufrido, además de un mecanismo que disuada a las empresas de recurrir a prácticas irregulares.
El Consejo Europeo de Derechos Sociales respondió así a una demanda interpuesta por la Unión General de Trabajadores (UGT) en marzo de 2022, donde el sindicato denunció la insuficiencia del sistema español. En su resolución, el CEDS declaró que el dispositivo actual no cumple con los principios de equidad y justicia contemplados en la Carta Social Europea.
Límites actuales: insuficiencia y controversia
El Estatuto de los Trabajadores establece un marco de compensación por despido improcedente que, según el Consejo de Europa, no refleja adecuadamente el daño real sufrido por los trabajadores. Actualmente, los límites contemplan una indemnización de 33 días de salario por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades. En casos excepcionales, pueden sumarse 15 días por año trabajado, con un límite de 12 meses adicionales, para tener en cuenta circunstancias específicas.
Sin embargo, el Consejo de Europa argumenta que estos topes predeterminados limitan la capacidad de los tribunales para ajustar las indemnizaciones a las circunstancias particulares de cada caso. Esto ha llevado a una situación en la que muchas empresas consideran que pagar una indemnización es más rentable que mantener a los empleados, lo que fomenta despidos improcedentes en lugar de disuadirlos.
Un cambio con efecto inmediato en la jurisprudencia
Aunque la recomendación del Consejo de Europa no tiene carácter vinculante, el dictamen del CEDS ya ha comenzado a influir en la jurisprudencia española. Los tribunales están autorizados a utilizar esta resolución como base para dictar sentencias que excedan los límites establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. Esto supone un precedente que podría modificar significativamente la forma en que se resuelven los casos de despido improcedente en el país.
Hasta ahora, solo un caso ha superado los límites legales establecidos, pero esta nueva orientación legal abre la puerta a un cambio más amplio. En la práctica, los jueces podrían conceder indemnizaciones que reflejen de manera más precisa los daños sufridos por los trabajadores y las circunstancias particulares de cada situación, algo que hasta ahora no era común en los litigios laborales.
La posición de los agentes sociales
La UGT, principal impulsora de esta demanda ante el Consejo de Europa, ha celebrado la resolución como una victoria para los derechos laborales en España. El sindicato considera que esta decisión refuerza la necesidad de proteger a los trabajadores frente a prácticas empresariales abusivas y de garantizar que los despidos improcedentes no se conviertan en una estrategia empresarial.
Por su parte, las organizaciones empresariales han mostrado cautela ante las implicaciones de esta recomendación. Alegan que un aumento en las indemnizaciones podría generar incertidumbre jurídica y un incremento de los costos laborales, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, desde el Consejo de Europa insisten en que el objetivo no es perjudicar a las empresas, sino asegurar que las indemnizaciones sean justas y proporcionales.
La responsabilidad del Gobierno español
El Gobierno de España tiene ahora la responsabilidad de analizar esta recomendación y decidir cómo adaptarla a la legislación nacional. Según el Plan Político Anual de 2024, se contempla una posible modificación del Estatuto de los Trabajadores para alinearlo con los principios de la Carta Social Europea. Este proceso requerirá un delicado equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad del tejido empresarial.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social no ha emitido aún un pronunciamiento oficial sobre la recomendación, aunque fuentes cercanas al Gobierno señalan que se están estudiando diferentes opciones para implementar los cambios necesarios sin generar un impacto negativo en el mercado laboral.
Un debate sobre justicia y sostenibilidad
La recomendación del Consejo de Europa reabre un debate crucial sobre la justicia laboral en España. Mientras algunos defienden la necesidad de proteger a los trabajadores con indemnizaciones que reflejen el daño real sufrido, otros advierten sobre las posibles consecuencias económicas de este cambio, especialmente en un momento de recuperación económica tras la pandemia.
¿Es necesario reformar el sistema actual para garantizar una mayor justicia para los trabajadores? ¿Cómo pueden las instituciones equilibrar los derechos laborales con las necesidades empresariales? Estas preguntas quedan abiertas mientras España se enfrenta al reto de adaptar su marco legal a las exigencias internacionales y a las necesidades de su sociedad.
