Ayer la Comisión Permanente del Consejo general del Poder Judicial se reunió con carácter extraodinario para aprobar una declaración sobre el texto del acuerdo entre el PSOE y Junts al que califican directamente de bochornoso y de «ataque a la separación de poderes del Estado».
El CGPJ muestra su oposición frontal a como indica el texto «la creación de comisiones parlamentarias para detectar casos de supuesto ‘lawfare’ y anticipa que actuará por «los cauces legalmente establecidos»». Esto en un lenguaje de calle para que todos lo entendamos significa que directamente podrían estar acusando a los jueces directamente de prevaricar, de la comisión de un supuesto delito. Algo muy grave, y directamente regulan sobre la acción judicial, rompiendo la separación de poderes de toda democracia, cuya línea es demasiado estrecha ya en España y que con este texto se rompe directamente.
«Implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros tribunales y que han sido ya juzgadas conforme a la legislación vigente en el momento»
Las principales asociaciones de juristas rechazan el acuerdo
Este texto y esta oposición y rechazo frontal del máximo órgano del poder judicial se produce tan sólo unas horas después de que múltiples asociaciones de juristas rechazaran el mismo texto por lo mismo y declararan que ven completamente improbable su ajuste a derecho, con lo que todos los estamentos judiciales se han declarado en contra y consideran una «peligrosa intromisión del gobierno en el poder judicial».
Esta misma semana ya dudaban de la ley de amnistía y su constitucionalidad, a lo que el ministro Marlaska, ex-juez aseguraba que el CGPJ era un órgano político y fundamentaba sus palabras en que está sin renovar desde hace años. lo que no dijo es que el gobierno pretende renovarlo para situar a jueces afines como ya ha hecho con el presidente del Tribunal Constitucional, y así dominar el poder judicial.
Es la primera vez que el máximo órgano de los jueces advierte que de llevarse a cabo el texto del acuerdo interpondrán acciones judiciales contra estos acuerdos y la legislación que se proyecte de los mismos. El gobierno de Sánchez tendrá un gran problema con fiscales, jueces y tribunales tanto por la ley de amnistía como por este texto del acuerdo.
