La Guardia Civil vincula al exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán, con adjudicaciones públicas multimillonarias a través de su participación en la empresa navarra Servinabar, mientras amplía la investigación a José Ruz y la firma Levantina por obras públicas en varias comunidades.

En el intrincado tablero de la política española, donde las piezas se mueven con rapidez y las sombras a menudo ocultan movimientos inconfesables, un nuevo caso sacude los cimientos del PSOE y amenaza con generar un terremoto político de dimensiones imprevisibles. El epicentro: la constructora navarra Servinabar 2000 SL y su presunta implicación en una red de adjudicaciones públicas plagadas de irregularidades. El protagonista inesperado: Santos Cerdán, hasta hace poco secretario de Organización del PSOE, hombre de confianza de Pedro Sánchez, que según revela la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, poseía un 45% de las participaciones de la empresa.

Una escritura que lo cambia todo

La pieza clave de este rompecabezas surge durante los registros del caso Koldo —otro de los frentes que acorrala al PSOE—. En el domicilio del empresario Joseba Antxón, los agentes de la UCO encuentran una escritura de participaciones fechada el 1 de junio de 2016. Dicho documento acredita que Santos Cerdán era dueño de casi la mitad de Servinabar, una empresa que, hasta ahora, había conseguido mantenerse en segundo plano mediático.

Sin embargo, su papel en los últimos años ha sido de todo menos discreto. Junto a Acciona, Servinabar ha obtenido adjudicaciones públicas por más de 100 millones de euros procedentes del gobierno navarro presidido por la también socialista María Chivite. Entre los contratos más sonados: la duplicación de los túneles de Belate, presupuestada en 62,8 millones, y la construcción de 46 viviendas públicas en Pamplona financiadas con fondos europeos.

¿Una empresa pantalla?

El informe preliminar de la UCO no se queda en la mera coincidencia de la propiedad empresarial y las adjudicaciones. Según los investigadores, Servinabar carecía de la capacidad técnica suficiente para ejecutar obras de tal envergadura, lo que les lleva a plantear la hipótesis de que podría haber funcionado como una «sociedad pantalla». Este tipo de empresas se emplearían para facilitar el pago de comisiones, desviar fondos y sufragar gastos particulares de dirigentes políticos, en este caso, presuntamente socialistas.

Entre esos gastos particulares investigados figuran lujosos alquileres en Madrid, concretamente un ático de alto standing que, según la Guardia Civil, podría haber sido financiado con fondos desviados de estas operaciones. No es un dato menor, considerando el clima de creciente desafección ciudadana hacia los partidos tradicionales por casos de corrupción sistémica.

No solo Navarra: el frente valenciano se amplía

Pero la investigación no se circunscribe a Navarra. Valencia, como suele ocurrir en los grandes entramados de corrupción política y empresarial, también aparece en el tablero. La Guardia Civil ha registrado el domicilio valenciano de José Ruz, empresario vinculado a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), una compañía con sede en Alberic (Ribera Alta), que ha participado en obras públicas en varias comunidades, incluyendo la Comunidad Valenciana.

Los registros se centran en contratos de obras públicas como la construcción de la estación de AVE en Elx (Alicante), donde se investiga el posible pago de comisiones por parte de Levantina a cargos públicos o intermediarios vinculados al PSOE. Los expedientes requisados abarcan también documentación de la Conselleria d’Obres Públiques del gobierno de Cantabria, lo que apunta a un posible esquema interterritorial de adjudicaciones amañadas.

El papel clave de Koldo García y las grabaciones que lo comprometen todo

La operación se enmarca dentro del conocido caso Koldo, una investigación paralela que ha ido ramificándose peligrosamente para los intereses del PSOE. Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos —exministro de Transportes—, grabó numerosas conversaciones y recopiló documentos que la UCO está analizando con detalle.

Las primeras filtraciones de este material son devastadoras: indicios de pagos periódicos, presuntos sobornos encubiertos bajo facturación de servicios y transferencias de dinero que acabarían orbitando en torno a altos cargos del partido. Según fuentes próximas a la investigación, los informes definitivos podrían estar listos antes del verano, lo que añade una presión política insoportable en plena precampaña para las elecciones autonómicas y generales.

¿Crisis total en el PSOE?

Las consecuencias políticas no se han hecho esperar. El Partido Popular ha exigido la comparecencia urgente tanto de Santos Cerdán como de la presidenta navarra María Chivite para dar explicaciones públicas. Dentro del propio PSOE, el nerviosismo es creciente, con voces internas que piden que Cerdán entregue su acta de diputado y se aparte temporalmente hasta que se aclare su papel.

El caso resulta especialmente incómodo porque afecta al núcleo duro del partido en Navarra, una comunidad clave para la gobernabilidad del PSOE, y porque implica a pesos pesados como Ábalos, cuya figura ya había quedado seriamente dañada por anteriores escándalos.

El inquietante precedente de las constructoras políticas

Si algo demuestra este caso es la persistente interrelación entre constructoras y poder político en España. Las adjudicaciones públicas multimillonarias siguen siendo uno de los principales focos de corrupción sistémica. La utilización de empresas sin capacidad real de ejecución —como sugiere el informe de la UCO sobre Servinabar— recuerda patrones que ya vimos en casos como el Gürtel o los ERE andaluces.

A medida que avanza la investigación, la figura de Servinabar adquiere tintes de manual: empresa de tamaño medio, fuerte vinculación política, escasa estructura técnica propia, alianzas estratégicas con gigantes como Acciona y una trayectoria de adjudicaciones llamativamente exitosa en gobiernos socialistas.

El componente europeo: fondos comunitarios en entredicho

Un detalle que podría complicar aún más la situación es el uso de fondos europeos para algunos de los proyectos adjudicados. Las instituciones comunitarias siguen con lupa la utilización de los fondos Next Generation tras la pandemia, y cualquier indicio de desvío o irregularidad podría derivar en sanciones graves para España. La Comisión Europea ya ha requerido en otros casos mayor transparencia y control de los procesos de contratación pública.

La pregunta final que nadie quiere responder

A falta de las conclusiones definitivas del informe de la Guardia Civil, las preguntas se acumulan. ¿Se trata de un caso aislado, fruto de unas pocas manzanas podridas? ¿O estamos ante una red clientelar más amplia que ha utilizado las estructuras del PSOE para lucrarse durante años a través de adjudicaciones públicas? ¿Quién controlaba realmente el reparto de estos contratos y el destino final del dinero público?

Mientras tanto, los ciudadanos asisten, una vez más, al espectáculo desgastante de la política española, donde los escándalos de corrupción parecen eternos y el descrédito institucional se sigue alimentando día tras día.