La portavoz Pilar Alegría censura el comportamiento «agresivo» del exintegrante de la UCO que asesora a la presidenta madrileña, aunque descarta que se esté gestando una red policial paralela similar a la de épocas anteriores.

Tensión política y mensajes inquietantes: el foco sobre un exguardia civil

La escena política nacional vuelve a verse sacudida por un nuevo capítulo de desconfianza institucional. El Gobierno ha expresado su “profunda preocupación” por la actitud y el contenido de miles de mensajes atribuidos a un exagente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que actualmente trabaja como asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En palabras de Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, “no se puede tolerar que un exmiembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mantenga una actitud tan agresiva, con mensajes completamente impropios de quien ha servido en la Guardia Civil”.

3.000 mensajes y un tono incendiario

Según la información trascendida, se han localizado cerca de 3.000 mensajes en redes sociales y otros canales privados que denotan un tono radicalizado, especialmente contra miembros del Gobierno. Algunos de estos mensajes, filtrados por la prensa, incluso llegan a emplear expresiones de extrema gravedad, como insinuaciones sobre el uso de una “bomba lapa” contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Estos comentarios no son solo improcedentes, son absolutamente inaceptables en una democracia consolidada”, sentenció Alegría ante los medios.

¿Una nueva ‘Policía patriótica’? El Ejecutivo lo descarta

A pesar de la gravedad de los hechos, el Gobierno ha querido frenar cualquier intento de relacionar esta situación con la conocida como ‘Policía patriótica’, una estructura paralela de investigación que operó en anteriores legislaturas para espiar a rivales políticos.

“Este es un caso individual, no una estructura organizada. No hay indicios de una trama como la que vivimos en otras etapas, que tanto daño hizo a las instituciones”, declaró la portavoz gubernamental.

Ayuso guarda silencio, la oposición se divide

Desde el entorno de Isabel Díaz Ayuso no ha habido declaraciones oficiales. Sin embargo, voces del Partido Popular han restado importancia al caso, alegando que se trata de “una caza de brujas mediática” para desviar la atención de los problemas económicos del Gobierno central.

La oposición, por su parte, muestra posturas divididas. Mientras partidos como Sumar y Compromís piden una investigación formal sobre el papel del exagente, otros, como Vox, han defendido su libertad de expresión.

Repercusiones institucionales y contexto valenciano

Aunque el caso se desarrolla principalmente en el ámbito madrileño, las implicaciones alcanzan a todas las comunidades, incluida la Valenciana, donde se vigila con preocupación cualquier posible instrumentalización de las fuerzas de seguridad.

Fuentes del entorno de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana han indicado que “la profesionalidad de la Guardia Civil en nuestro territorio está fuera de toda duda y no se tolerará ningún intento de politización”.

¿Y ahora qué? Posibles consecuencias

Si bien no hay indicios de una red estructurada, el caso podría terminar ante los tribunales si se considera que alguno de los mensajes del exagente incita al odio o a la violencia. Además, se abre el debate sobre la responsabilidad pública de quienes han formado parte de cuerpos de seguridad y luego ocupan cargos de asesoría en gobiernos regionales.

También se ha reavivado la discusión sobre la necesidad de establecer códigos de conducta para estos profesionales una vez abandonan el servicio activo.

Conclusión: la delgada línea entre opinión y amenaza

El caso del exagente de la UCO asesor de Ayuso vuelve a poner sobre la mesa los límites entre libertad de expresión y comportamiento institucional responsable. En tiempos de polarización, las palabras no son neutras, y menos aún cuando provienen de quienes han formado parte del aparato de seguridad del Estado.

¿Debe haber más control sobre el comportamiento público de exmiembros de las fuerzas de seguridad? ¿Dónde está el límite entre la crítica política y la incitación al odio?