El ministro Pablo Bustinduy insta a la Generalitat Valenciana a aplicar sanciones a las empresas que promueven viviendas turísticas fuera de la legalidad, advirtiendo que más de la mitad de los anuncios incumplen la normativa vigente.
Llamada de atención directa desde Gandia
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha lanzado un mensaje contundente al president de la Generalitat, Carlos Mazón: “No hay excusa para no actuar”. Desde Gandia, y con un tono firme, exigió sanciones claras contra las empresas que fomentan la proliferación de pisos turísticos ilegales en la Comunitat Valenciana.
Bustinduy, visiblemente molesto por la situación, recordó que esta competencia corresponde íntegramente al gobierno autonómico. “Es su normativa, su responsabilidad. No se puede mirar hacia otro lado mientras se vulnera el derecho a la vivienda de la ciudadanía”, afirmó ante los medios.
Un problema que ahoga el acceso a la vivienda
Según el análisis del Ministerio de Consumo, más del 50% de los anuncios de viviendas turísticas en plataformas digitales no cumplen con la legislación autonómica. Esta oferta descontrolada agrava los problemas de acceso a la vivienda en zonas como el centro histórico de Valencia, el Cabanyal, Ciutat Vella o incluso barrios populares como Benicalap y Torrefiel.
“El mercado se ha desvirtuado. Lo que antes era vivienda habitual ahora es negocio turístico sin control. Eso es insostenible para quienes quieren vivir y trabajar en Valencia sin dejar la mitad del sueldo en el alquiler”, explican vecinos de zonas afectadas.
El Gobierno considera que sin medidas firmes por parte de la Generalitat, el desequilibrio entre turismo y convivencia será cada vez mayor.
Valencia ante un modelo urbano en tensión
El auge de los pisos turísticos ilegales no es nuevo, pero ha alcanzado niveles alarmantes. En barrios como el Carmen, los comercios tradicionales conviven con un flujo constante de turistas, mientras las familias jóvenes se ven obligadas a mudarse por la subida de precios.
Una vecina de Russafa lo resume así: “Vivir aquí es cada vez más caro. Y cuando intentas buscar piso, casi todo es alquiler por días. ¿Cómo vamos a formar una vida si no podemos ni alquilar un piso normal?”
Las plataformas digitales han sido señaladas por permitir anuncios sin verificar licencias o condiciones de habitabilidad, mientras muchas de estas viviendas ni siquiera figuran en los registros turísticos oficiales.
Gandia: un ejemplo a seguir
En contraste, Bustinduy elogió la gestión del Ayuntamiento de Gandia, que desde 2018 exige certificados de compatibilidad urbanística a quienes quieren alquilar viviendas como turísticas. Según el ministro, “cuando existe voluntad política, se puede revertir esta situación y proteger el derecho a la vivienda”.
En Gandia, estas medidas han permitido controlar el crecimiento del turismo sin expulsar a la población residente. El reto ahora es que otras ciudades, como Valencia, adopten una estrategia similar, alineada con los derechos sociales y el interés general.
¿Y ahora qué? La Generalitat en el punto de mira
Bustinduy anunció que el Ministerio de Consumo enviará una carta formal al gobierno autonómico poniendo a su disposición toda la información recopilada sobre las viviendas ilegales. “Lo hemos hecho en otras comunidades, y lo haremos aquí. Pero la sanción y el control dependen de la Generalitat. No puede escudarse en nadie más”, afirmó.
Carlos Mazón, hasta el momento, no ha emitido declaraciones oficiales sobre esta advertencia. Sin embargo, la presión desde el Gobierno central y desde numerosos colectivos vecinales aumenta con cada día que pasa sin medidas visibles.
Conclusión: un debate urgente sobre el modelo de ciudad
La situación de los pisos turísticos en Valencia ha dejado de ser un fenómeno puntual para convertirse en un problema estructural. La inacción institucional podría tener consecuencias sociales graves: expulsión de residentes, gentrificación, pérdida de tejido vecinal y precarización del acceso a la vivienda.
¿Podrá el Consell liderado por Carlos Mazón encontrar un equilibrio entre turismo y vivienda digna? ¿Será Valencia capaz de preservar su identidad sin dejarse llevar por el interés económico inmediato?
Las próximas semanas serán clave para comprobar si se pasa de las palabras a los hechos.
