La alcaldesa de València, María José Catalá, ha defendido este miércoles la postura del ejecutivo local de no adoptar medidas políticas inmediatas ante la investigación judicial que afecta a la concejala de Vox Cecilia Herrero, para quien la Fiscalía solicita una pena de prisión por la difusión de mensajes considerados de odio en redes sociales.
Catalá ha recalcado que el Ayuntamiento debe respetar los tiempos judiciales y ha recordado que una petición del ministerio público “no prejuzga el resultado final del procedimiento”, apelando a la presunción de inocencia y al funcionamiento normal del Estado de derecho.
Prudencia institucional ante procesos judiciales abiertos
La alcaldesa ha explicado que la línea de actuación del consistorio es no interferir en causas judiciales en curso, una práctica que, según ha señalado, se ha mantenido en anteriores legislaturas con distintos partidos al frente del gobierno municipal.
Desde el ejecutivo local insisten en que cualquier valoración política deberá hacerse cuando exista una resolución judicial firme o una comunicación oficial, evitando decisiones que puedan interpretarse como una injerencia en el ámbito judicial.
Desmarque personal y político de los mensajes
Catalá también ha querido marcar distancia de los mensajes atribuidos a Herrero, afirmando que no los comparte ni se identifican con su forma de entender la política. No obstante, ha subrayado que la edil investigada pertenece a Vox, una formación distinta al Partido Popular, al que ella representa.
“Cada partido debe responder por sus propios posicionamientos”, han señalado fuentes municipales, recordando que Herrero forma parte del gobierno local fruto de un acuerdo político, pero no pertenece al PP.
La oposición eleva la presión política
Las explicaciones de la alcaldesa no han frenado las críticas desde la oposición. Compromís ha acusado al gobierno municipal de mirar hacia otro lado y ha anunciado iniciativas para exigir responsabilidades políticas inmediatas, al considerar que el problema trasciende el ámbito judicial.
En la misma línea, el PSPV-PSOE ha defendido que existen comportamientos que, aun no habiendo sido juzgados, no deberían tener cabida en un gobierno municipal, reclamando una decisión clara por parte de la alcaldesa.
Un equilibrio delicado en el gobierno local
El caso ha reabierto el debate sobre los límites entre ética política y legalidad penal, especialmente en gobiernos de coalición donde la estabilidad depende de varios partidos con posiciones ideológicas muy distintas.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de València mantiene una estrategia de prudencia y contención, a la espera de la evolución judicial del caso, en un contexto de creciente presión política y social que amenaza con tensar aún más el equilibrio del gobierno municipal.
