El Ayuntamiento rechaza pagar por dos infraestructuras arrasadas hace seis meses mientras exige al Gobierno una actuación urgente en los barrancos
«Lo que Torrent necesita no es pagar cánones por pasarelas que ya no existen, sino obras reales que eviten que el agua vuelva a causar destrucción con un nuevo Plan Sur para el Poyo y l’Horteta».
«No podemos estar en alerta cada vez que caen cuatro gotas. Torrent necesita un Plan Sur para sus barrancos»
La alcaldesa de Torrent denunció ayer la liquidación recibida por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por el canon de ocupación de dominio público hidráulico por dos pasarelas peatonales que, a día de hoy, ya no existen. Ambas fueron arrasadas por la devastadora DANA del pasado 29 de octubre de 2024, y desde entonces, sus restos retorcidos siguen a la vista como testigos del abandono mientras que la Generalitat Valenciana es la que ha asumido su reconstrucción, algo que parece ser el Gobierno de España no quiere enterarse.
La alcaldesa, Amparo Folgado, visiblemente molesta, calificó la liquidación como «una afrenta institucional» y «un sinsentido moral». Según explicó, el Gobierno de España reclama el pago por el uso de un espacio ocupado por dos estructuras que han sido totalmente destruidas. «No hay ocupación. No hay uso. No hay beneficio, y ahora, una factura del Estado«, resumió con dureza.
Dos pasarelas esenciales, hoy desaparecidas
Las pasarelas afectadas eran utilizadas por cientos de vecinos a diario. Una conectaba el CEIP Juan XXIII, en el barrio del Xenillet, con la otra orilla del barranco del Poyo. La otra facilitaba el acceso entre la calle Perellonet y el polígono industrial Mas del Juge, cruzando el barranco de l’Horteta. Ambas estaban ubicadas sobre cauces gestionados por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Los daños se produjeron el 29 de octubre, cuando una intensa DANA —la más grave en décadas— provocó un colapso de la red fluvial y desbordamientos en varios puntos del término municipal, tras haber llovido más de 700 litros por metro cuadrado en su cabecera, en el municipio de Turis. El agua, mezclada con cañas, residuos y toneladas de materiales vegetales acumulados por años de inacción de la CHJ y falta de limpieza en los barrancos, acabó arrastrando las pasarelas.
Desde entonces, la Generalitat Valenciana ha asumido el coste de su reconstrucción, mientras el Gobierno de España, a través de la CHJ, permanece al margen.
«Lo más surrealista de todo es que el organismo que no mantiene, que no limpia y que no reconstruye, ahora nos quiere cobrar«.
Denunció la alcaldesa Amparo Folgado en el pasado Pleno municipal.
Un canon sobre ruinas: la factura de la incomprensión
La liquidación remitida al Ayuntamiento de Torrent, con número 2025/03864, calcula un canon en base a una «ocupación teórica» de 441 metros cuadrados del dominio público hidráulico. El cálculo se prorratea proporcionalmente al ejercicio fiscal, como si las pasarelas siguieran en pie. «Nos tratan como si no hubiera pasado nada, como si no hubiéramos sufrido una catástrofe natural. Eso es una falta de humanidad y de lógica institucional«, subrayó la alcaldesa.
Folgado critica también el silencio absoluto del Ministerio y de la CHJ desde la tragedia: «Han pasado seis meses y el Gobierno ni se ha preocupado en venir a ver en qué estado están sus barrancos en Torrent. Ni siquiera saben que esas pasarelas ya no existen. ¿Cómo pueden entonces pretender cobrarnos por ellas?»
Una reclamación con nombre y apellidos: un Plan Sur para Torrent y la comarca
La alcaldesa no se limita a rechazar el canon. También ha vuelto a lanzar una petición clara al Gobierno de España: la construcción urgente de un Plan Sur para el barranco del Poyo y l’Horteta, inspirado en el proyecto que protege a Valencia tras la riada de 1957.
«Lo que Torrent necesita no es pagar cánones por pasarelas que ya no existen, sino obras reales que eviten que el agua vuelva a causar destrucción con un nuevo Plan Sur para el Poyo y l’Horteta«.
En ese sentido, Amparo Folgado insiste en que no se puede olvidar al barranco de l’Horteta, que según el último estudio de la Universitat de Valencia, canalizó más caudal que el propio barranco del Poyo durante la DANA. «Eso lo sabíamos desde el primer día. Lo hemos dicho y denunciado. Y es precisamente ese barranco el que sigue olvidado sin actuaciones«.
La situación es tal que, hace apenas dos semanas, un episodio de lluvias moderadas (40 litros por metro cuadrado en Turís) provocó un nuevo desbordamiento del barranco de l’Horteta a su paso por Torrent. «Con toneladas de arrastres aún en el cauce desde octubre, su capacidad es ahora menor que antes. No se ha hecho nada. Seguimos igual o peor«, solamente las actuaciones en los pasos inundables por parte del Ayuntamiento y la Consellería de Agricultura, lamentó.
«Torrent no puede vivir con miedo cada vez que llueve»
La alcaldesa es tajante: «No podemos estar en Torrent en alerta constante cada vez que caen cuatro gotas. La ciudadanía merece seguridad, no sobresaltos, y eso se consigue con actuaciones reales, no con cartas de cobro».
Por eso, reclama al Ministerio para la Transición Ecológica que actúe desde las cabeceras de los barrancos —Poyo, l’Horteta, Gallego y la Saleta— y no se limite a intervenciones parciales al final del cauce. «Si no se actúa en origen, todo lo que se haga en el tramo final es inútil. Necesitamos una obra comparable al Plan Sur del Turia, pero para Torrent y su entorno. Esto no puede esperar más«, sentencia.
Una petición formal al Ministerio y a la CHJ
Desde el Ayuntamiento de Torrent se va a solicitar a la CHJ la paralización inmediata del cobro del canon, y se va a remitir una carta al Ministerio dirigido por Sara Aagesen, exigiendo una revisión de los criterios de aplicación de los cánones hidráulicos. Se propone que se exima del pago en los casos en que:
· No exista ocupación real del dominio público.
· Las infraestructuras estén destruidas por desastres naturales.
· El Ayuntamiento o la ciudadanía no obtengan ningún uso ni beneficio.
· Las obras de restitución corran a cargo de otras administraciones.
«Cooperación sí, castigos no«, concluye la alcaldesa, recordando que los ayuntamientos son los primeros en responder ante las emergencias, los que atienden a los vecinos y los que se arremangan cuando toca reconstruir. «Lo que no puede ser es que también seamos los primeros en pagar por algo que ni usamos ni existe«, remacha.
