MADRID – En un giro judicial de consecuencias políticas imprevisibles, el magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha dictado este lunes el auto de procesamiento contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras casi dos años de una instrucción marcada por la tensión institucional, el juez considera que existen indicios «sólidos y suficientes» para juzgar a Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.
La resolución, que consta de más de un centenar de páginas, pone fin a la fase investigativa y supone el golpe judicial más severo recibido por el entorno directo del jefe del Ejecutivo. El juez Peinado no solo ha mantenido las tesis iniciales sobre la mediación de Gómez en favor de empresas privadas, sino que ha ampliado el espectro delictivo tras el análisis de la última documentación aportada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El eje de la acusación: «Uso de la cobertura institucional»
En el auto de procesamiento, al que han tenido acceso los principales medios de comunicación, el magistrado describe un esquema en el que la investigada se habría valido de su estatus como esposa del presidente para «ejercer una presión velada» en favor de sus intereses profesionales. El magistrado llega a calificar de «inusual y preocupante» la forma en que se gestionaron ciertos contratos públicos, comparando el comportamiento de la investigada con prácticas propias de «regímenes donde la separación entre lo público y lo privado es inexistente».
El delito de apropiación indebida cobra especial relevancia en esta fase. Según el juez, Gómez registró a su nombre un software desarrollado para el máster que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid, el cual fue financiado con fondos de empresas privadas colaboradoras. Para el instructor, este acto constituye un despojo a la institución educativa para beneficio personal.
Implicación de asesores y empresarios
El procesamiento no se limita a Begoña Gómez. El magistrado también ha decidido sentar en el banquillo a:
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Juan Carlos Barrabés: El empresario aragonés, pieza clave en la trama por las cartas de recomendación firmadas por Gómez, es procesado como cooperador necesario.
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Cristina Álvarez: Asesora de la Presidencia del Gobierno en el Palacio de la Moncloa, a quien el juez señala por haber facilitado gestiones privadas de Gómez utilizando recursos de la administración pública.
Por el contrario, el magistrado ha decidido archivar la pieza relativa al delito de intrusismo profesional, al considerar que la dirección del máster universitario no requería legalmente de una titulación académica específica que la investigada no poseyera.
Reacción desde la Moncloa y el escenario político
La noticia ha sorprendido a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez en pleno viaje oficial en China. Desde el entorno del presidente han calificado la resolución como una «aberración jurídica» y un intento deliberado de interferir en la agenda política del país. El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha comparecido de urgencia para denunciar lo que considera una «persecución política sin precedentes».
Por su parte, el líder de la oposición ha exigido la dimisión inmediata del presidente del Gobierno, argumentando que la situación de su esposa es «insostenible» y que España no puede permitirse un jefe del Ejecutivo «cercado por la corrupción en su propio domicilio».
El camino hacia el juicio oral
Con el auto de procesamiento dictado, se abre ahora un periodo de recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid. Si, como se espera, la Audiencia ratifica la decisión de Peinado, el siguiente paso será el auto de apertura de juicio oral. Dado que entre los delitos imputados se encuentra la malversación, la causa podría ser juzgada por un Tribunal del Jurado, lo que añadiría un componente de alta exposición pública a un proceso que ya ha fracturado la opinión pública española.
Los 4 delitos que se le imputan a la mujer del Presidente del Gobierno
De acuerdo con el auto dictado por el juez Juan Carlos Peinado este 13 de abril de 2026, a Begoña Gómez se le imputan formalmente cuatro delitos.
Aquí tienes el desglose detallado de cada uno de ellos y la razón por la cual el magistrado ha decidido procesarla:
1. Tráfico de influencias
Es el delito principal que dio origen a la causa. El juez sostiene que Gómez utilizó su situación personal como esposa del presidente del Gobierno para influir en autoridades y funcionarios públicos en beneficio de terceros (empresarios cercanos) y de sí misma. Se centra especialmente en las cartas de recomendación firmadas para la UTE de Juan Carlos Barrabés.
2. Corrupción en los negocios
Este cargo se refiere a la supuesta mediación de Gómez para que determinadas empresas obtuvieran contratos públicos o beneficios comerciales a cambio de colaboraciones con su actividad profesional (específicamente sus másteres en la Universidad Complutense). El juez ve indicios de que se pudo «vender» el acceso e influencia en la toma de decisiones estatales.
3. Malversación de caudales públicos
Este es uno de los delitos más graves añadidos durante la fase final de la instrucción. El magistrado investiga si se utilizaron recursos del Estado y de la Universidad Complutense (fondos públicos) para fines privados. En particular, se analiza el papel de asesores de Moncloa que habrían realizado labores de gestión para los negocios particulares de la investigada.
4. Apropiación indebida
Este delito está vinculado específicamente al software desarrollado para su máster. La investigación apunta a que Gómez habría registrado a su nombre y a través de una empresa personal una herramienta tecnológica que fue financiada y creada para la universidad, privando así a la institución pública de su propiedad.
