El Congreso aprueba una reforma legislativa que permite disolver asociaciones que hagan apología del franquismo y humillen a las víctimas. Analizamos su repercusión en el contexto valenciano, donde la memoria histórica sigue siendo un campo de batalla político, social y emocional.

El Congreso legisla: una ley polémica que divide

Este jueves, el Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno definitivo a la reforma de la Ley de Asociaciones que, en esencia, permite disolver cualquier entidad que glorifique el franquismo o humille a sus víctimas. Impulsada por el PSOE, la norma ha generado un intenso debate parlamentario. El PP, que intentó modificarla en el Senado —donde goza de mayoría absoluta— introduciendo enmiendas dilatorias, no ha conseguido frenar su aprobación final.

Se trata de un nuevo capítulo en la larguísima saga de la memoria histórica en España. Un terreno pantanoso donde el franquismo, lejos de ser un tema del pasado, sigue generando fricciones casi 50 años después de la muerte del dictador.

Ahora bien, uno podría preguntarse: ¿y esto qué tiene que ver con Valencia? Pues bastante. Más de lo que parece.

Valencia y el franquismo: una herida todavía abierta

Valencia, como buena parte de España, arrastra desde hace décadas un debate soterrado sobre cómo gestionar el legado de la dictadura franquista. No hablamos solo de monumentos, calles o placas conmemorativas. Hablamos de asociaciones, fundaciones y grupos culturales que, en nombre de la “memoria”, la “historia” o incluso “la cultura”, han seguido ensalzando la figura de Francisco Franco y minimizando los crímenes cometidos durante su régimen.

Solo en la Comunitat Valenciana existen decenas de entidades que han sido señaladas en varias ocasiones por su cercanía ideológica al franquismo. Algunas de ellas organizan conferencias, actos conmemorativos y publicaciones en las que se glorifica abiertamente la “obra” del régimen o se minimizan las represalias sufridas por miles de personas durante los años de dictadura.

Con la entrada en vigor de esta nueva reforma legal, estas asociaciones podrían enfrentarse, por primera vez, a una verdadera amenaza de disolución, bajo el criterio de hacer apología de un régimen totalitario y, especialmente, por humillar a sus víctimas.

¿Qué dice exactamente la nueva ley?

Vayamos al núcleo jurídico de la cuestión. La reforma modifica el régimen sancionador de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación para incluir expresamente que constituye causa de disolución de una asociación:

“La apología o exaltación del franquismo cuando implique descrédito, menosprecio o humillación de la dignidad de las víctimas o de sus familiares.”

Esto introduce, por primera vez, un criterio subjetivo pero claramente orientado a proteger la dignidad de las víctimas del franquismo, algo que hasta ahora no tenía cobertura directa en el ámbito asociativo.

Además, se dota a la Administración de un mecanismo legal para iniciar procedimientos de disolución de oficio, sin necesidad de denuncia previa de particulares, lo que abre un nuevo escenario de control administrativo sobre estas entidades.

Las reacciones políticas en Valencia: ni sorpresa ni tregua

Como era de esperar, la reacción política en Valencia no se ha hecho esperar. En un territorio donde el eje izquierda-derecha sigue estando muy marcado, las posturas son previsibles pero no por ello menos encendidas.

Desde la Generalitat Valenciana

La actual coalición de izquierdas en el gobierno valenciano ha recibido la noticia como un paso “histórico” en la consolidación de los derechos de las víctimas y en la lucha contra la impunidad del franquismo. La Conselleria de Memoria Democrática (sí, existe un departamento dedicado a ello) ya ha anunciado que colaborará activamente con el Gobierno central para detectar y denunciar asociaciones que incumplan esta nueva normativa.

Según fuentes internas, ya se está elaborando un “mapa de asociaciones de riesgo” en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

La oposición de la derecha valenciana

Por su parte, PP y Vox en las Cortes Valencianas han acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “reabrir heridas” y de utilizar la memoria histórica como “arma de confrontación política”. Vox ha ido más allá, calificando la ley de “atentado contra la libertad de expresión” y anunciando que, si logran gobernar, impulsarán su derogación.

Una vez más, el eterno choque de relatos: para unos, justicia histórica; para otros, persecución ideológica.

Asociaciones valencianas que podrían estar en el punto de mira

Aunque el Gobierno no ha publicado un listado oficial, hay asociaciones valencianas que, a la luz de la nueva ley, podrían estar bajo el escrutinio de las autoridades:

• Asociación Cultural Rey Jaime I: conocida por sus actos de “reivindicación histórica” donde se ha llegado a exaltar la figura de Franco.
• Fundación Blas Piñar en Valencia: con charlas y publicaciones que ensalzan los “logros” económicos y sociales del franquismo.
• Círculo Cultural Tradicionalista de Valencia: donde habitualmente se niega la represión franquista y se legitima el golpe de Estado de 1936 como “necesario”.

Por supuesto, todas estas asociaciones han defendido siempre su derecho a la libertad de expresión y a “defender su interpretación de la historia”, aunque ahora, con la nueva normativa, sus argumentos podrían resultar insuficientes ante un tribunal.

¿Y la sociedad valenciana? Entre el hartazgo y la polarización

Más allá de la arena política, la ciudadanía valenciana asiste a este nuevo episodio con una mezcla de cansancio, indignación y polarización.

Por un lado, colectivos de víctimas del franquismo como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica del País Valencià celebran la ley como un “acto de justicia largamente esperado”.

Por otro lado, un sector de la población —cada vez más alimentado por discursos revisionistas— considera que el franquismo se utiliza como “excusa” para dividir a los españoles y distraer de los problemas actuales.

Mientras tanto, la mayoría social probablemente asista a este debate con la misma resignación con la que observa los telediarios: conscientes de su importancia simbólica, pero con la sensación de que los problemas del día a día —el paro, la vivienda, el turismo descontrolado o la sequía— pesan más en su agenda cotidiana.

Un precedente europeo… y una asignatura pendiente en España

Conviene recordar que leyes similares existen desde hace años en otros países europeos. Alemania prohíbe desde hace décadas las asociaciones que hagan apología del nazismo, y Francia ha perseguido jurídicamente a quienes niegan o trivializan los crímenes de Vichy.

España, sin embargo, ha sido históricamente más laxa con su memoria dictatorial, en parte por los pactos de la Transición, en parte por el carácter ideológico todavía candente del franquismo en ciertos sectores.

Esta reforma supone, por tanto, un salto cualitativo en la equiparación de la normativa española a los estándares europeos en materia de derechos humanos y memoria democrática.

¿El inicio de una nueva batalla judicial?

Los expertos consultados ya anticipan que la aplicación práctica de esta ley no será sencilla. Habrá múltiples recursos judiciales por parte de las asociaciones afectadas. Los límites entre la libertad de expresión, la memoria histórica y el enaltecimiento del franquismo serán objeto de intensos debates jurídicos.

En Valencia, algunos bufetes ya han anunciado su intención de defender a asociaciones que consideren vulnerados sus derechos. Todo apunta a que los tribunales —y quizás el Tribunal Constitucional— tendrán la última palabra.

El futuro inmediato en Valencia: ¿purga simbólica o verdadera transformación?

La gran pregunta es si esta ley provocará realmente una transformación profunda en el tejido asociativo valenciano o si quedará en meros titulares sin consecuencias reales.

¿Veremos la desaparición de las asociaciones más radicales? ¿Se revisarán subvenciones públicas? ¿Habrá un debate social real sobre el significado de la memoria democrática? ¿O asistiremos a un nuevo episodio de “ruido mediático” sin efectos duraderos?

Lo que está claro es que el franquismo, incluso en 2025, sigue marcando el presente político de España… y de Valencia.

Y tú, querido lector: ¿crees que esta ley ayudará a cerrar heridas o solo servirá para abrir nuevas divisiones en nuestra sociedad?