VALÉNCIA – 23 DE FEBRERO DE 2026
El escenario político en el Ayuntamiento de Valéncia ha dado un vuelco drástico este lunes. Lo que comenzó como una denuncia sobre irregularidades administrativas en la gestión de Viviendas de Protección Pública (VPP) ha escalado a una acusación directa de prevaricación. Borja Sanjuan, portavoz del Grupo Municipal Socialista, ha presentado pruebas documentales que aseguran que el gobierno de María José Catalá (PP) era plenamente consciente de que la promotora adjudicataria de una millonaria permuta de suelo incumplía la legalidad vigente.
Crónica de una adjudicación bajo sospecha
El epicentro del conflicto se encuentra en una operación de permuta de suelo público destinada a la construcción de 250 VPP y un pago de 1,7 millones de euros. A cambio, el consistorio recibía un edificio ya construido de 39 viviendas. Sin embargo, para que esta operación fuera lícita, la empresa —Domio— debía certificar que las viviendas no habían sido comercializadas previamente.
Según la documentación desvelada por Sanjuan, el Ayuntamiento de Valéncia ya tenía constancia en julio de 2024 de que 39 familias habían firmado contratos de prerreserva. De hecho, el propio consistorio reconoció explícitamente a estos afectados sus «derechos adquiridos» al darles acceso al expediente administrativo en esa fecha.
«Hoy estamos en disposición de acreditar que el PP conocía esta ilegalidad antes de autorizar la permuta», afirmó con rotundidad Sanjuan. «Los afectados notificaron su situación y el Ayuntamiento les dio validez legal un año antes de adjudicar definitivamente el contrato».
Informes técnicos ignorados
La gravedad de la denuncia reside en que el equipo de gobierno habría ignorado las advertencias de sus propios técnicos. Un informe fechado en julio de 2025 subrayaba que cualquier vivienda con un «derecho constituido» (como las prerreservas de estas familias) debía considerarse como comercializada, lo que inhabilitaba automáticamente a la empresa para ser adjudicataria.
A pesar de este marco jurídico y técnico, el 17 de octubre de 2025, la Junta de Gobierno Local ratificó la permuta. Para los socialistas, esto supone dar por buena una «declaración responsable» de la empresa que el Ayuntamiento sabía que era falsa.
«La pregunta ya no es si el Ayuntamiento sabía lo que pasaba, sino qué interés tenía en permitir que se cometiera un delito a costa de dejar en la calle a 39 familias», sentenció el portavoz socialista.
Exigencia de ceses y posibles delitos
La ofensiva del PSPV no se limita a la crítica política. Sanjuan ha solicitado formalmente el cese inmediato de los responsables de las delegaciones de Urbanismo y Patrimonio, quienes impulsaron la moción de la permuta. Según el portavoz, mientras que la promotora podría haber incurrido en un delito de falsedad documental, la actuación de los concejales apunta directamente a una presunta prevaricación al dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia.
«No solo han modificado las normas a su antojo, sino que parecen dispuestos a bordear el código penal para que ciertos actores se lleven mucho dinero», subrayó Sanjuan. Al ser cuestionado sobre posibles vínculos entre la promotora beneficiaria y el Partido Popular, el concejal evitó acusaciones directas, aunque instó a los populares a «dar explicaciones sobre sus relaciones e intereses».
Un futuro incierto para 39 familias
Mientras la batalla política sube de tono en el consistorio, 39 familias valencianas ven cómo sus viviendas protegidas, las cuales ya habían reservado legalmente, se encuentran en un limbo jurídico tras la anulación de sus contratos por parte de la empresa beneficiaria.
Este caso, que el PSPV ya califica como el «pelotazo de las VPP», amenaza con convertirse en el mayor escándalo de gestión del mandato de María José Catalá, poniendo en entredicho la transparencia en la adjudicación de recursos públicos habitacionales en un momento de crisis de vivienda en la ciudad.
