El presidente de la Audiencia Provincial de Valencia vuelve a defender a la jueza de la DANA
31 de octubre de 2025 | Redacción
Valencia. El presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, Ignacio Ortega, ha salido nuevamente en defensa de la jueza que instruye la causa penal de la DANA, tras los ataques personales y mediáticos que ha recibido en las últimas semanas. Ortega ha reivindicado la independencia judicial y ha pedido respeto institucional: “Es esperable y perfectamente legítimo criticar las decisiones que se adopten, pero no hacerlo con presiones ni con acusaciones falsas”.
Una causa de gran trascendencia judicial y política
Desde que el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja asumió la investigación por la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, la atención social, mediática y política se ha centrado en sus actuaciones. La instrucción afecta a varios cargos de la Generalitat y podría alcanzar incluso al president Carlos Mazón, en caso de que se consideren indicios de responsabilidad.
Ortega preside la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, el órgano encargado de resolver los recursos de apelación sobre las decisiones de la jueza instructora. Hasta el momento, esa sala ha respaldado la práctica totalidad de las resoluciones judiciales adoptadas por la magistrada, incluidas las citaciones de testigos y la ampliación de diligencias solicitadas por las acusaciones.
Refuerzo de garantías en las decisiones judiciales
El presidente ha explicado que, dada la magnitud y relevancia pública del procedimiento, la sección decidió duplicar el número de magistrados en la deliberación de los recursos, pasando de tres a seis jueces. “Consideramos que en un caso de estas características reforzaría la solvencia de las decisiones que todos los magistrados de la sala participáramos en el conocimiento y deliberación de los recursos”, ha señalado Ortega.
En relación con la posible imputación de un aforado —como es el caso del president de la Generalitat—, Ortega ha recordado que “es necesario que el juez instructor pueda disponer de indicios reforzados antes de elevar una exposición razonada al tribunal competente”. En ese punto, será el propio tribunal quien decida si esos indicios justifican la imputación.
“No se puede desestabilizar a una magistrada con falsedades”
Ortega ha denunciado que algunos de los ataques recibidos por la jueza instructora buscan “desestabilizarla personal y profesionalmente” mediante la difusión de rumores o la intromisión en su vida privada. “La crítica jurídica es legítima, pero no lo son las presiones o los intentos de manipular la opinión pública contra una magistrada que actúa con rigor y dentro de la ley”, ha advertido.
El magistrado ha insistido en que la labor de la jueza “está siendo avalada por sus superiores jerárquicos y ajustada a derecho”, y ha reiterado que el proceso judicial “debe desarrollarse con serenidad, independencia y respeto institucional”.
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